En casa de Paul Auster no había armas. Estaban marcados por una tragedia: el 23 de enero de 1919 su abuela mató de un disparo a su marido, del que estaba separada y que había regresado a casa de visita para ver a sus cinco hijos. La declararon inocente aduciendo enajenación mental transitoria. La familia se marchó de Wisconsin y se instaló en Nueva Jersey. Con este precedente, se entiende la repulsión familiar hacia las armas que Auster de alguna forma heredó.

Cuando organizaciones no gubernamentales y partidos políticos llaman a la puerta del gobierno español en materia de armamento se encuentran con un muro de opacidad infranqueable, sostenido por una ley franquista. Es la de secretos oficiales de 1968, que permite al consejo de ministros declarar “materias clasificadas” que “puedan dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado”. Gracias a un breve acuerdo del consejo de ministros de 1987, cuando gobernaba Felipe González, son secretas todas las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMMDU), encargada justamente de otorgar las licencias a empresas españolas para la exportación de armamento.

Pieter D. Wezeman (Holanda, 1977) es investigador sobre exportaciones de armas y gasto militar del Instituto Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo (Sipri), una de las referencias internacionales en materia de análisis del comercio de armas en el mundo.

El PSOE y Unidas Podemos pactaron en su acuerdo de gobierno de coalición que las carpetas de estado, como Defensa, serían para el partido que lidera Pedro Sánchez. Aquella decisión supuso un freno a las aspiraciones de las entidades que hace años que denuncian el papel de España en la exportación de armas porque, a la práctica, no ha cambiado nada respecto a la etapa del PP. Sobre papel, sin embargo, el abril de 2020 se produjo un hecho relevante: el gobierno español aprobó un decreto, el 494/2020, que planteaba un mecanismo que lo habilitaba para comprobar sobre el terreno que las armas y el material de doble uso que exporta se usan para lo que se ha acordado. Un paso importante, coinciden la mayoría de actores consultados, pero que tiene ángulos oscuros. El primero de todos: que no se ha usado.

Ali Jameel y sus compañeros de la ONG Mwatana for Human Rights se juegan la vida para documentar los crímenes de guerra en Yemen, martirizado por décadas de conflicto. Después de un bombardeo en un barrio o en un hospital, se plantan rápidamente en la zona para recoger los restos de munición utilizada y para entrevistar a los supervivientes. Así es como desde que empezó la intervención de Arabia Saudita en 2015 han reunido pruebas de 177 bombardeos aéreos. En 29 casos pudieron acreditar que la coalición saudí estaba tirando bombas fabricadas en el Reino Unido, Italia y Alemania. ¿Y desde dónde se tiran estas bombas? Pues también desde aviones fabricados en Europa, incluida España. “España es cómplice de crímenes de guerra por vender cazas y barcos militares a Arabia Saudita”, denuncia Jameel desde Sana'a en una conversación telefónica con el ARA.

Hay un sector de la economía española que no sufre tanto las crisis: la industria militar. Hace una década que España forma parte del top 10 de los países que más armas exportan en el mundo, un lugar muy por encima de su capacidad económica o de su peso político mundial. Según el último informe del Stockholm International Peace and Research Institute (SIPRI), publicado hace dos semanas, ocupa la séptima posición en el ranking mundial de exportadores de armas en el periodo 2016-2020, solo por detrás de las grandes potencias militares del planeta: los Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, China y el Reino Unido. En 2018 se situó en quinto lugar. En los últimos años, un 3,2% de todas las armas que se han vendido en el mundo fueron fabricadas en España, con las correspondientes autorizaciones para comercializarlas del gobierno de Madrid. Las exportaciones de armas made in Spain se han disparado un 295,4% entre 2010 y 2019. Todo un negocio que crece en la opacidad, amparado en la Ley de Secretos de Estado.