Las medidas del escudo social, que el jueves se tumbó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts, protegían a 60.000 personas vulnerables en todo el Estado, unas 13.000 de ellas en Catalunya. Una de ellas es Francesca Cervelló. Esta vecina del barrio barcelonés del Putxet, de 63 años, lleva meses temiendo que ese día llegara. "¿Qué haré yo ahora? ¿Qué pasará conmigo?", se pregunta en conversación con el AHORA.

No se abrirán nuevas incineradoras, no se ampliarán las existentes y habrá un plan de cierre de las que actualmente están en activo. La consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, ha anunciado este miércoles desde el Parlament una moratoria de las infraestructuras de incineración de residuos. El anuncio ha tardado en llegar teniendo en cuenta que casi ya hace dos años que el Parlament instó al Govern a dictar una moratoria hasta que no se apruebe la ley de prevención de residuos –que quedó pendiente la legislatura pasada–. Ahora fuentes del ejecutivo apuntan que esta norma se está acabando de elaborar y en los próximos meses se le dará paso. Mientras tanto, el objetivo es que entre en vigor la moratoria de las incineradoras. Esta iniciativa se aprobará si sale adelante la ley de acompañamiento de los presupuestos, un cajón de sastre donde el Govern incorpora muchos trámites legislativos y que este año además de la moratoria de las incineradoras incluirá, tal como avanzó el ARA, permitir la entrada de depósitos privados al ICF y eliminar el concepto de municipio turístico.

Desde el boom turístico de los años 60 hasta hoy, la explotación urbanística de la costa no ha tenido prácticamente freno. Más allá de algunas actuaciones emblemáticas pero muy acotadas territorialmente, como los parques naturales del Cap de Creus, los Aiguamolls de l'Empordà y el Montgrí-Medes-Baix Ter en el norte, del Delta del Llobregat al lado del aeropuerto de El Prat –ahora en parte amenazado– o del Delta del Ebro en el sur, el litoral catalán ha sufrido una presión constructiva continuada durante más de medio siglo, tanto en dictadura como en democracia. Las áreas naturales protegidas han servido demasiado a menudo de pretexto para dar vía libre al resto de espacios a una edificación poco o nada respetuosa y muy intensiva. La construcción como motor económico, la necesidad de ingresos de unos ayuntamientos históricamente infrafinanciados, la lenta y dubitativa concienciación ambiental y el monocultivo turístico de muchas comarcas han sido los factores que han causado la gran mancha urbana en la que se ha convertido la franja marítima de Catalunya.

Los efectos colaterales de la pandemia del covid-19, todavía dolorosamente entre nosotros, son como una hiedra que cubre toda la fachada de nuestro agrietado edificio social. La metáfora es pertinente porque precisamente la vivienda es, ahora mismo, uno de los grandes puntos débiles. Ya veníamos de una situación precaria, fruto de la crisis económica de 2008, que había quedado empantanada y que ahora no ha hecho más que agravarse debido a los estragos también económicos que está provocado el coronavirus. La moratoria en los desahucios para personas en situación de emergencia social ha conseguido parar el golpe, pero si, como está previsto, se acaba con el final del estado de alarma el 9 de mayo, nos encontraremos con una nueva oleada de personas sin hogar difícil de gestionar. Serán muchas las familias sobre las que se acumulará la amenaza de quedarse sin techo con el fin de los expedientes de regulación de ocupación temporal (ERTE) y las ayudas a los autónomos, medidas que si no se produce un nuevo alargamiento caducarán alrededor de las mismas fechas, el 31 de mayo.