Hasta 2023, ERC y CUP se han comprometido a “diseñar, implementar y evaluar” una prueba piloto para introducir la renta básica universal (RBU) en alguna franja de edad. Catalunya se suma así a los territorios que han planteado experimentos similares, a pesar de que, de momento, los estados continúan prefiriendo las rentas dirigidas a la población en riesgo de pobreza. La diferencia principal entre la actual renta garantizada de ciudadanía (o el ingreso mínimo vital) y la RBU es que esta última va dirigida a toda la población de un territorio y no hay condiciones para cobrarla: no se tiene que justificar, por ejemplo, un nivel mínimo de ingresos. La recibirían ricos y pobres (en el preacuerdo no se habla de una cantidad concreta), pero no todo el mundo saldría ganando. “Aunque todo el mundo la recibiera, el 20% más rico saldría perdiendo”, dice el doctor en ciencia económica y presidente de la Xarxa Renda Bàsica, Daniel Raventós.