Los juzgados tendrán que informar a los servicios sociales de la apertura de los expedientes de desahucio antes de que se ejecuten para buscar alternativas y evitar que la familia se quede sin techo. Éste es el nuevo protocolo que arrancó hace un año en pruebas en Terrassa, Manresa, el Bages y el Moianès y que los departamentos de Derechos Sociales y Justicia han extendido ya a todas las áreas básicas de servicios sociales (ABSS) que hay en Cataluña.

Ya hace tiempo que la Catalunya del “somos seis millones” quedó atrás, superada por el acelerado crecimiento de la inmigración a partir de finales de los años noventa. Aun así, a nivel electoral y político los nuevos catalanes, que tienen buena parte de la responsabilidad de que el país haya crecido hasta los 7,5 millones, han tenido un impacto limitado. Al menos de momento. Entre las comunidades con una visibilidad mayor en el actual Parlament está la más numerosa: la de los catalanes de origen marroquí. Tendrá dos representantes, Najat Driouech y Chakir el Homrani, ambos de ERC, que repiten en el hemiciclo esta legislatura.