El 14 de abril de 1931, hace 95 años, el cielo de Barcelona y de todo el Estado se tiñó de una esperanza inédita. Para muchos, la proclamación de la Segunda República no fue solo un cambio de régimen, fue una sacudida modernizadora que quería situar España en la vanguardia de Europa. Entre 1931 y 1933, aquel impulso reformista sacó a la luz derechos que hoy nos parecen naturales, pero que entonces eran rompedores: el sufragio femenino, la ley del divorcio, la profunda reforma militar de Azaña y una reforma religiosa que buscaba la laicidad del Estado. Hitos que quedaron enmarcados en la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931. Dentro de aquel texto, destacaba por encima de todo una declaración de intenciones que aún hoy resuena con una vigencia clara. El artículo 6 dictaba literalmente: "España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional".

La familia Vigatà originó un fenómeno que hoy día podría llegar a ser viral. Cuatro de los cinco hermanos que nacieron a finales del siglo XX en el pequeño pueblo de Torregrossa (Pla d'Urgell) se convirtieron en maestros de escuela, una coincidencia poco común en una época en la que predominaba el analfabetismo rural. El quinto hermano, Marcel·lí Vigatà, fue concejal por ERC y murió en la guerra.

Podemos darle una respuesta contundente: hace 180 años, a raíz de la derrota de la Jamancia, en noviembre de 1843, la insurrección que apostó por implementar un estado radicalmente progresista, atento a reformas sociales que respondieran a las necesidades de las clases subalternas y que construía una nueva soberanía nacional de base federal. La máxima representación de esta alternativa debía ser una Junta Central formada por representantes de las emergentes Juntas Provinciales que consiguieran ahuyentar al general Espartero del poder. Estas Juntas querían acabar con el modelo centralizado vigente, identificaban una nueva soberanía y se erigían en instituciones legitimadas por nuevas formas de participación política (julio de 1843). Poco después se formó un nuevo gobierno provisional encabezado por el progresista Joaquín María López, que aceptó la propuesta de convocar la citada Junta Central pero pronto se echó atrás: suponía un cambio excesivo. López entendía que era necesario reordenar el Estado, que había que limar algunas aristas pero sin renunciar al mantenimiento de una soberanía nacional unitaria, ni a la autoridad institucional ni al apoyo de las (nuevas) élites, a pesar de aceptar que haría falta concesiones.