Son solo un centenar de los 3.634 adolescentes que se cumplen algún tipo de medida judicial porque han cometido uno o más delitos, pero su perfil escapa a los sistemas de intervención tradicionales. El último estudio del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEFJE) de la Generalitat constata que los menores extranjeros no acompañados que delinquen acaban reincidiendo más que el resto de adolescentes que pasan por el circuito de justicia juvenil y atribuye este hecho a la falta de referentes de estos jóvenes, más que a su nacionalidad o procedencia.

La noche del 1 de julio de 2019 un vídeo de una supuesta violación en Canet de Mar corrió como la pólvora por Twitter. Cerca de 22.000 visualizaciones en pocas horas. Lo difundía un usuario que tenía más de 5 millones de seguidores en todo el Estado. Las imágenes iban acompañadas de un texto: "Aquí tenéis el vídeo del mena marroquí de Canet de Mar, uno de estos a los que daremos una paguita hasta los 23 años". En realidad, sin embargo, se trataba de una agresión anterior que se había producido en China –y que difundieron las autoridades de este país para intentar capturar al agresor–, y no en Canet de Mar, como aseguraba el autor de la fake news. El fiscal de Delitos de Odio se querelló contra el tuitero y ahora le pide dos años de prisión y que se cierren definitivamente todas las cuentas que esta persona tenía en las redes sociales.

La gestión de la inmigración es extremadamente compleja y afecta a muchos ámbitos diferentes, pero hay situaciones que resultan kafkianas y que piden una solución urgente. Este es el caso de los jóvenes de origen extranjero extutelados por la Generalitat, que cuando llegan a la mayoría de edad entran en una especie de bucle burocrático del que resulta muy difícil salir. En este caso, para regularizar su situación tienen que presentar un contrato de un año a jornada completa o justificar unos ingresos propios de 580 euros mensuales en la primera petición, o de 2.000 en la renovación. No hay que ser un experto para entender que un exmena, que ha entrado de forma irregular en España, difícilmente tendrá estos ingresos o, peor todavía, podrá tener un contrato sin papeles. 

El 19 de junio de 2020 una juez acuerda el internamiento en un centro de justicia juvenil de un menor extranjero en situación de desamparo, a quien se relaciona con un robo violento a otro joven –ya mayor de edad– en los alrededores de la estación de Sants de Barcelona. Encima de la mesa de la juez solo hay la versión de la víctima y la del arrestado, absolutamente contrapuestas, y la de un testigo que corrobora el relato del chico detenido. Aún así, decreta el internamiento. Un mes después la Audiencia de Barcelona ordena la excarcelación del chico por falta de pruebas. El caso, sin embargo, queda abierto en la Fiscalía de Menores, que es quien se encarga de la investigación de todos los casos que afectan a adolescentes de entre 15 y 18 años. Un año después, el ministerio público también ha decidido archivar la investigación. El criterio es el mismo que ya había expuesto la Audiencia en julio de 2020: “No resulta debidamente acreditado” que el chico cometiera el robo violento, dice la resolución del ministerio público.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al gobierno español que destine fondos "con urgencia" para la atención inmediata de los menores extranjeros no acompañados que han llegado a las Canarias. En comparecencia en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado, donde ha presentado el informe La migración en Canarias, fruto del análisis hecho entre noviembre y abril sobre las instalaciones y centros de recepción y recogida, Fernández ha criticado la falta de previsión y recursos ante la crisis migratoria y ha pedido la implicación tanto de la administración de Pedro Sánchez como de las diferentes comunidades autónomas.