El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación que busca eliminar los anuncios de pisos de alquiler en zonas declaradas tensionadas que infrinjan la normativa vigente de consumo, según ha anunciado este viernes en un comunicado. "Si podemos probar la existencia de prácticas engañosas o desleales, el ministerio actuará con toda contundencia", advirtió el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), en rueda de prensa. Bustinduy no quiso decir cuáles son los portales inmobiliarios investigados, pero señaló que se trata "de los mayores".

Felipe, que vive en un bloque de Gran Vía Carlos III de Barcelona, ​​no pudo colgar la bandera en la ventana por la Diada. Su comunidad de vecinos se lo prohíbe. "Dicen que hace feo tener banderas colgadas", lamenta. Su caso no es único: según fuentes del sector consultadas por el ARA, es habitual que comunidades de propietarios aprueben normas sobre qué colgar y qué no en ventanas y balcones. Era mucho más frecuente durante el Proceso, pero el debate resurge recurrentemente en días señalados, como la Diada o la Hispanidad, y reivindicaciones como el Orgullo LGBTI. También en momentos de fragor político y social, como las movilizaciones por Palestina o por la vivienda. Ahora bien, ¿es posible que una comunidad vete que un vecino cuelgue un símbolo político en su balcón?

Fue un compromiso adquirido por el gobierno de Salvador Isla pactado con los comunes. Y este fin de semana ha entrado en vigor: el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPi AJD), que grava las transacciones mobiliarias e inmobiliarias de segunda mano, se encarece para los inmuebles de más de 600.000 euros y se duplica, hasta el 20%, para las compras de edificios y de grandes tenedores, como fondos o grandes inmobiliarias. La norma catalana entiende como grandes tenedores a quienes tienen más de 10 inmuebles o una superficie construida por viviendas de más de 1.500 metros cuadrados, pero se rebaja a partir de más de cinco inmuebles en las zonas declaradas tensionadas por la Generalitat, es decir, donde se regulan los precios. En Cataluña existen 271 municipios con esta regulación, entre ellos Barcelona. Estos incrementos se incluyeron en un decreto del pasado marzo convalidado en mayo y que preveía su entrada en vigor a los tres meses, es decir, a partir del pasado viernes, 27 de junio.

La institución que representa a los agentes inmobiliarios de Catalunya vive uno de sus momentos más convulsos: dos candidaturas se enfrentan este viernes en las primeras elecciones de la historia de la asociación. Y los más de 3.800 asociados llamados a votar tendrán que decidir si apuestan por el equipo continuista, liderado por el actual presidente, Vicenç Hernández, o bien por la candidatura alternativa, encabezada por Montserrat Junyent.

Decenas de congresistas subían a primera hora de este miércoles las escaleras del metro de la plaza Europa, en Hospitalet de Llobregat. Antes del primer escalón, debían cruzarse con un adhesivo, pegado sobre una columna ubicada en medio de la salida. Claro, decía: "Pinta tu rentista". Encima de las escaleras, les esperaban media docena de furgones policiales.

El pasado año se firmaron 31.080 contratos de alquiler en Barcelona, ​​casi un 38% menos que el año anterior, según el Observatorio Metropolitano de la Vivienda. No había una cifra tan baja desde el 2009. Pero también fue el año en el que se extinguieron menos contratos de alquiler: 26.040, casi un 32% menos que en el 2022. El número de alquileres creció, pero sólo en 5.040. El dato más bajo desde la pandemia. Así pues, no es que desaparezcan las viviendas de alquiler, pero se está estancando su crecimiento y, sobre todo, lo que hay es menos rotación. Los barceloneses que viven de alquiler tardan más en cambiar de piso. Y las inmobiliarias que se dedican al alquiler han empezado a notarlo. Algunas, sobre todo las más pequeñas, han tenido que reducir el número de trabajadores que se dedican a los alquileres y destinar a una parte del personal a otras tareas.

La intermediación inmobiliaria en el mercado de alquiler lleva años al alza: agencias inmobiliarias, administradores de fincas e incluso agentes autónomos gestionan una parte cada vez mayor de las viviendas. Y eso, según un estudio publicado este miércoles, perjudica al inquilino.

“Hay pocos pisos de alquiler y mucha gente en lista de espera”, contesta la comercial moviendo la cabeza de un lado a otro en signo de negación y sin apenas mirar a Newma a la cara. “El anuncio decía que teníais un piso de alquiler de dos habitaciones por 600 euros”, insiste la chica balbuceante y plantada de pie en el vestíbulo de la Cambra de la Propietat Urbana en Olot. “Sí, pero ya no lo tenemos”, le interrumpe la mujer de forma seca. 

"Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato irán a cargo del arrendador". Esta es una de las novedades que entraron en vigor con la ley estatal de vivienda: el adiós de los inquilinos a hacerse cargo de los honorarios. Desde su entrada en vigor el pasado viernes 26 de mayo estos gastos ya no pueden ser reclamadas a los inquilinos, sino que los tienen que asumir los propietarios. De hecho, antes de la ley de vivienda y con la ley de arrendamientos urbanos en la mano, alquilar un piso y que la inmobiliaria te cobrara ya era ilegal si el piso era de una empresa, y no de un propietario particular.

Racionalizar la mayor compra de la vida de una persona. Ésta es la máxima de un personal shopper inmobiliario, un perfil profesional bastante desconocido que tiene un único objetivo: defender los intereses del comprador. Uno de ellos, Jordi Clotet, cofundador de Nexitum y autor de Las 7 puertas para comprar tu vivienda y acertar, escrito después de haber visitado más de 15.000 pisos a lo largo de su carrera y haber participado en 6.000 compraventas. Éstos son algunos de los consejos que da.

Medio año después de la aprobación de la ley que regula los precios del alquiler a través, entre otros, de la creación de un índice de referencia, el Govern ha anunciado que empezará a multar a aquellos contratos que no cumplan con el texto y avisa de que ya tiene 30 detectados. El Sindicat de Llogateres ve las sanciones como "un primer paso muy importante" pero defiende que la cifra de incumplimientos es muy superior. "Después de siete meses en vigor, como los expedientes sancionadores no han llegado hasta ahora, una parte del mercado inmobiliario se ha sentido legitimado para incumplirla", explica al ARA el portavoz del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera.