Soy de los afectados por el Tribunal de Cuentas. Aun así, he sido de quienes han tenido suerte y tienen que aportar una fianza relativamente baja. Veo el sufrimiento de quienes tienen que aportar una alta o muy alta. Para todos ellos la Caixa de Solidaritat (CdS) es la única solución para resistir los embates de las represalias judiciales por las iniciativas tomadas, por mandato popular, durante los años del Procés.

La sociedad civil valida la propuesta del Govern de crear un fondo para responder a las fianzas del Tribunal de Cuentas, pero no se quiere quedar con los brazos cruzados por si el tribunal acaba tumbándolo. Por este motivo, Pep Cruanyes, presidente de la Caixa de Solidaritat, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía a hacer donaciones para las fianzas impuestas por la acción exterior de la Generalitat. También ha anunciado que han reclamado hoy al juzgado número 13 que les devuelva los 4 millones que pagaron de manera duplicada a este tribunal y al de Cuentas por el 1-O. "Pedimos a la ciudadanía un esfuerzo económico para responder a este nuevo embate y a la vez haremos lo imposible para recuperar los cuatro millones que consignamos a los dos órganos judiciales", ha señalado el máximo representante de la Caixa en una rueda de prensa en el Ateneu Barcelonès. Cruanyes ha denunciado "la acción delirante" del Tribunal de Cuentas por la acción exterior y ha recordado el voto particular de uno de sus miembros contra la causa.

La Audiencia de Barcelona reabría el lunes el sumario contra una treintena de altos cargos del Govern por la organización del 1-O instruido por el juzgado número 13 de Barcelona. Esta es una de las múltiples causas en las que la Caixa de Solidaritat ha ayudado a sufragar las fianzas desde que se puso en marcha, primero bajo la tutela de la ANC y Òmnium y después como entidad independiente. Las cifras que ha movido en todos estos años son muy elevadas. "Desde el 9-N hasta ahora hemos aportado unos 14 millones de euros", revela su presidente, Pep Cruanyes, que denuncia que "al disidente lo penalizan judicialmente y le imponen una multa para arruinarlo". Lo compara con lo que pasaba durante el franquismo. "Todos los estados represores aplican la pena de prisión y la pena económica. Durante la dictadura se creó el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que confiscaba bienes o imponía multas desorbitadas, y ahora esta función la hace el Tribunal de Cuentas", espeta el ex vicepresidente de la ANC. Un tribunal que no ha dado tregua durante el Procés.