Haber cobrado el ingreso mínimo vital (IMV) y tiempo después recibir una carta de la Seguridad Social en la que se exige el retorno de una parte de la prestación cobrada ha sido un hecho que han vivido numerosas familias con un poder adquisitivo bajo y con riesgo de pobreza desde que se desplegó esta ayuda en el 2020, en plena pandemia de la Covid-19. Sin embargo, se trata de una situación que puede tener los días contados.

Visto el informe Gabilondo sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica española, sé que en modo alguno se puede decir que las víctimas actualmente vivas son 440.000. La cifra publicada se ha inferido malinterpretando los resultados de la encuesta de opinión que sólo ocupa 28 de las 779 páginas del informe. Y que no se puede saber es justo lo que dice el propio informe del Defensor del Pueblo español en la página 36: “Conviene señalar que la Comisión Asesora considera que no ha formado parte de su cometido hacer un cálculo del número de personas afectadas por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Ni siquiera se ha propuesto realizar una aproximación a esa cantidad”. Pero quizá no se había leído entero y el escándalo era demasiado tentador.

Ramon Sáez y Enrique Arnaldo formaban parte de los vocales más jóvenes del Consejo General del Poder Judicial de 1996 a 2001. Aquel era un Consejo en el que, además de vocales propuestos por PP y PSOE, también estaban los nombrados por el PNV, CiU, Coalición Canaria e Izquierda Unida, en total cinco personas, cinco miembros que con frecuencia inclinábamos la balanza a resultados no siempre esperados. Tuvimos un presidente, Javier Delgado Barrio, extraordinario, y otras destacadas figuras como Luis López Guerra, Javier Moscoso, Manuela Carmena o Francesc Caminal, y no cito a muchos otros para no aburrir al lector.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al gobierno español que destine fondos "con urgencia" para la atención inmediata de los menores extranjeros no acompañados que han llegado a las Canarias. En comparecencia en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado, donde ha presentado el informe La migración en Canarias, fruto del análisis hecho entre noviembre y abril sobre las instalaciones y centros de recepción y recogida, Fernández ha criticado la falta de previsión y recursos ante la crisis migratoria y ha pedido la implicación tanto de la administración de Pedro Sánchez como de las diferentes comunidades autónomas.