Entre diciembre de 1938 y enero de 1939, en plena Batalla del Ebro, los sanitarios trabajaban sin descanso en la retaguardia. En un enclave entre Bovera y Flix (Ribera d'Ebre), en la Casilla, había un centro de atención médica donde se realizaba la selección de los heridos. En una pequeña casita cerca de la carretera se ofrecían los primeros cuidados y se establecía quien podía curarse allí, y quien estaba más grave y debía ir hasta la masía del Señor, en el término municipal de Bovera (les Garrigues), donde había un hospital de campaña.

El trance aterrador que pasé hace unas semanas en barca en la bahía de Roses, en medio de lo que fue un tipo de tormenta huracanada, me llevó a conocer a Salvador Guerra, reconocido coleccionista de antigüedades avalado por las autoridades arqueológicas. Entre otras muchas piezas y documentos, tiene decenas de ánforas romanas en casa, perfectamente expuestas y documentadas, muchas de ellas cuales recuperadas del fondo del mar de Roses.

La represión contra los que perdieron la Guerra Civil se prolongó durante cuarenta años de dictadura, y reconocer las injusticias que sufrieron ha sido siempre muy complicado en el estado español. Este jueves el Congreso de Diputados ha debatido una nueva ley de memoria democrática que propone, entre otras cosas, una auditoría del expolio franquista, una nueva fiscalía para investigar los crímenes del franquismo –ningún juzgado español ha aceptado nunca investigar los crímenes que se cometieron durante la dictadura–, subvenciones para exhumar fosas o resignificar el Valle de los Caídos. La nueva ley se presenta catorce años después de que se aprobaran las leyes de la memoria en España y Catalunya. La ley española del 2007 aprobada por el gobierno de Zapatero ha vivido, además, largos periodos de hibernación por falta de presupuesto, sobre todo durante el gobierno del PP.

Se ha tardado mucho, y los hay que por muy pocos días ya no estarán para verlo, como Manuel Lapeña, que murió la semana pasada con 97 años y que batallaba desde hacía una década para recuperar los restos de su padre, enterrado sin el consentimiento familiar en el Valle de los Caídos. Otros, sin embargo, después de años de litigio quizás podrán recuperar a sus familiares. Han sido muchos años de llamar a muchas puertas que no se abrían, pero finalmente el gobierno español ha anunciado este lunes que ya ha iniciado los trabajos para exhumar a 77 personas enterradas en las criptas de la basílica del Valle de los Caídos. En todos los casos son víctimas cuyos familiares han pedido explícitamente que se las saque de ahí. Según el gobierno español, es un proceso sumamente complejo y ya avisa de que será largo por el estado en el que se encuentran los restos. "Más de sesenta años después de los traslados, las dificultades técnicas son muy grandes; entrar en las criptas no garantiza que se encuentren las personas que se buscan", ha explicado el secretario de estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Hace muchos años que los familiares de las víctimas de la Guerra Civil reivindiquen poder saber dónde están sus muertos. No es fácil saberlo, porque han pasado 82 años desde el final de la guerra y se calcula que tan solo se podrán recuperar un 10% de las fosas comunes del Estado. El resto quedarán tragadas por el olvido, porque los testigos han ido muriendo y porque en muchos casos los ejecutores escondieron muy bien sus crímenes. Pero siempre hay gente obstinada en rescatar los nombres sepultados en carpetas. La asociación Innovation and Human Rights (IHR) ha publicado un mapa estatal en el que se pueden encontrar algunas de las personas que murieron asesinadas o sufrieron condenas y represión durante la Guerra Civil. La asociación empezó a recopilar datos en 2017. Ese año cerró con 200.000 registros y actualmente ya tiene 1.200.000. En el mapa han colocado tan solo los 82.000 nombres de los que han podido averiguar el lugar de nacimiento. “Hemos querido destacar el lugar de nacimiento, porque uno de los principales objetivos de esta herramienta es ayudar a los familiares y romper el silencio. Mucha gente desconoce qué le pasó a su familia. Con esta herramienta se puede mirar un apellido y la población de origen. Ayuda a hacer que muchas personas puedan descubrir este pasado tan silenciado”, asegura Concha Catalán, presidenta de Innovation and Human Rights.

El 20 junio de 1938 los padres de José Pérez Fajardo recibieron una carta en la que el ministerio de Defensa republicano les comunicaba que su hijo había muerto: “Víctima de la metralla fascista, en operaciones del mayo pasado, fue trasladado a un hospital, donde murió”. Los padres de Pérez no pudieron saber nunca qué había pasado con su cuerpo. “Mi abuela era una persona muy alegre que siempre cantaba, pero después de la muerte de su hijo ya no cantó nunca más. Los dos abuelos quedaron destrozados, intentaron averiguar dónde lo habían enterrado para poderlo ir a llorar, pero nunca nadie les supo decir nada”, dice la sobrina de Pérez Fajardo, Margarita Rey Pérez. “Ahora de manera simbólica volverá con sus padres, lo enterraremos en Montjuïc, en el mismo nicho que los abuelos”, añade Rey Pérez.