La compra de un piso es una decisión tomada después de hacer números y más números y ponderar múltiples variables. Entre ellas, el dinero que el comprador deberá desembolsar cuando materialice la operación, que hacen ir de cabeza a más de uno y de dos.

Pasa siempre rápido y de un día para otro, como una flor que nunca hace verano y un árbol que no deja ver el bosque, pero la Hacienda estatal ha vuelto a hacer pública esta semana la lista oficial de los grandes morosos fiscales del Reino de España. Mil ciento once personas y cuatro mil setecientas empresas que tienen en común que deben más de 600.000 euros a las arcas públicas –y no, no son migrantes precarios en busca de vida, trabajo y futuro–. Son pocos que deben mucho, por un total pendiente que asciende a 15.364.000.000 euros. No he oído ninguna declaración de Fomento del Trabajo respecto al absentismo fiscal reiterado, pero me quedo mirando magnéticamente la cifra, casi deslumbrado, absorto en los once dígitos. Intentando pensar cómo se traduciría este dineral, euro a euro, a la hora de reforzar tantos servicios públicos tensados –escuelas, hospitales o apoyo a las pymes–. Sin embargo, todo es espejismo y simulacro. Porque otra cifra, la de verdad, nos recuerda que la publicación del listado es en balde. El otro número me deja frito camino de frito: los inspectores de Hacienda informan que, del ejercicio 2025, solo se han podido recuperar 220 millones. Un 1,4% del total. Un infierno fiscal –para todos nosotros– que no llega ni a la décima parte. Decirlo esta semana, cuando la inmensa mayoría ha notado en la cuenta corriente cómo la tributación pública pasaba por caja –ya fuera a devolver o a pagar–, sirve para recordar que Hacienda hace mucho tiempo que no somos muy bien todos. En magnitudes inferiores, la incipiente Agencia Tributaria de Cataluña ha hecho público el mismo listado estos días: 60 deudores con un cómputo pendiente de 184 millones, encabezado por un desconocido que debe 65 millones. Y uno se queda rumiando la duda de cómo demonios se acumula una deuda de 65 millones sin que nada pase antes.Doy por descontado que las casuísticas del listado son múltiples –muchas vienen derivadas de quiebras y concursos de acreedores–, pero más allá de la curiosidad por los nombres y la especulación de algunas economías, en el retablo hay sospechosos demasiado habituales, empresas insignia de la burbuja inmobiliaria y unos cuantos personajes de plató. La cuestión neurálgica es que la morosidad solo es una de las caras de un fraude fiscal estructural –la elusión, la evasión, las empresas pantalla, la falsa doble residencia, las bonificaciones a las grandes empresas o las sicav– que suma anualmente 60.000 millones de euros. Los ojos como platos vuelven a girar, probando a aterrizar la morterada a una realidad social cada vez más desigual y desoladora. La sensación imperturbable de que todo ello es una cosa detrás de otra hace agujero. Agujero negro por donde se escapan tantas cosas.

Hacienda liquidó el año pasado un total de 547 millones de euros de personas físicas "con grandes patrimonios", lo que supone un 4,4% más que el ejercicio anterior. A estas actuaciones a través de las diferentes delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria estatal (AEAT), con 1.329 inspecciones –un 5,1% más que en 2024–, se suman las de la Unidad Central de Coordinación de Patrimonios Relevantes para detectar, por ejemplo, falsas residencias. De hecho, el año pasado se liquidaron 68 millones de euros de 145 contribuyentes "artificialmente localizados en otros países" y que en realidad residen en España y deben tributar.

El 41% de la población española aporta más a través de impuestos y tasas que lo que recibe en forma de prestaciones. La proporción se eleva al 68% entre los 25 y los 64 años, la etapa activa de los ciudadanos, y cae por debajo del 10% en los extremos del ciclo vital, la infancia y la vejez, que mantiene una tendencia creciente. La cuestión es que se deben plantear fórmulas para distribuir los costes del envejecimiento poblacional "de manera más predecible y equitativa entre generaciones" para "evitar que se trasladen de forma menos visible a las generaciones futuras a través de más niveles de deuda", según un estudio del centro de política económica EsadeEcPol. Una de las soluciones que aportan consiste en aumentar la proporción de población trabajadora de 55 a 64 años, que se encuentra por debajo de la media europea, y que es la que más contribuye en cotizaciones sociales e impuestos.

Yosef Faradji continúa siendo el contribuyente más moroso con la Generalitat. Esta persona, de la cual se desconocen más detalles, ya encabezó el año pasado la lista de personas físicas y jurídicas que mantienen deudas con las arcas públicas catalanas. La cifra que tiene pendiente ha pasado de los 52,3 millones de euros de hace un año a 65,2 millones ahora a consecuencia de los intereses que se van acumulando. Tampoco cambia el principal moroso entre las empresas, el bingo PlayBadalona, con 8,3 millones, que ha rebajado la carga en el último año en un millón de euros.

El cantante y presentador Bertín Osborne y la tonadillera Isabel Pantoja se mantienen entre los contribuyentes que figuran en la lista de morosos con Hacienda, en la que ya estaban el año pasado. La deuda del primero ha bajado en este período de 865.601,41 euros a 835.287,38; y la de la segunda ha subido de 1.009.253 a 1.273.872,59 euros. Han entrado de nuevo en la lista de la que habían salido los personajes televisivos Patricia Conde, con 714.615,12 euros, y Kiko Matamoros, con 600.740,64.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, empuña de nuevo la política comercial para atacar a los países que contravienen sus intereses. El magnate ha amenazado este viernes a la Unión Europea con un arancel del 100% a todos los productos exportados a EE. UU. para cualquier país que aplique un impuesto a los servicios digitales a las empresas norteamericanas que tengan actividad allí. En una publicación en su red social, Truth Social, Trump ha asegurado que "ya hay algunos países europeos que están cerca" de implementar una tasa de este estilo, y espera disuadirlos con una nueva barrera comercial.

Elon Musk es la primera persona con una fortuna de un billón (con b) de dólares, equivalente a toda la riqueza que genera un país próspero como Suiza en un año o, como afirma Oxfam, como todo lo que tienen 3.800 millones de personas, el 46% de la población más pobre del mundo. La salida a bolsa de SpaceX, una empresa del magnate que se beneficiará de la privatización del negocio aeroespacial, nace con una valoración récord.

Se espera un verano de récord tanto en Barcelona como en el conjunto de Cataluña. Ante este escenario, cuesta entender por qué la tasa turística no ha subido aún más. Desde el 1 de abril, en la ciudad de Barcelona se pagan hasta 12 euros por persona y noche, en función del tipo de establecimiento. Lo que a menudo pasa desapercibido es que una parte de esta recaudación tiene un destino finalista: el 25% se transfiere a la Generalitat para políticas de vivienda y el 75% restante se destina al Fondo para el Fomento del Turismo.La realidad es que la tasa turística es inelástica. Es difícil imaginar que un visitante deje de venir a Barcelona por un incremento moderado del precio por noche, especialmente en el caso de los establecimientos de gama alta. Mientras tanto, la ciudad afronta un déficit creciente en servicios, infraestructuras y mantenimiento del espacio público. Renunciar a esta vía de recaudación equivale, en el fondo, a desaprovechar recursos necesarios.Es cierto que también se puede argumentar que la tasa afecta al turismo local y los residentes también sufren las consecuencias. Pero precisamente por eso habría que reformular el sistema: establecer bonificaciones o reducciones para los residentes en Cataluña y orientar la tasa hacia una redistribución más justa de los costes que genera la actividad turística. Ahora bien, el debate no puede acabar en la cantidad recaudada. La cuestión central es qué se hace con este dinero. Si la ciudadanía percibe que la tasa turística sirve para reforzar el transporte público, ampliar el parque de vivienda asequible, mejorar la limpieza o reducir la presión sobre los barrios más saturados, el consenso social será mucho más amplio. El problema aparece cuando la recaudación se diluye sin un retorno visible ni una estrategia clara. ¿Quién sabía a qué se destinaban sus fondos?

En agosto, vacaciones. La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf), ha pedido al ministerio de Hacienda que declare este "mes inhábil a efectos fiscales y de plazos administrativos". Esta organización, integrada por 12 asociaciones de todo el Estado, se ha dirigido por carta al ministerio, pero también a la secretaría de Estado de Hacienda y a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, para pedir diversas cuestiones. Estas incluyen, además de reclamar una pausa de descanso en agosto, también el ajuste de la tarifa del IRPF a la inflación (deflactación) –que solo se ha aprobado en dos ocasiones en los últimos 20 años– o la ampliación del plazo de alegaciones de 10 a 25 días.

Luchar contra la pobreza material de tanta gente es un imperativo moral de solidaridad humana. Incluso, por el triste argumento del egoísmo, llegaremos a la conclusión de que es mucho mejor para todos vivir en una sociedad cohesionada que en una partida entre unos cuantos ricos y un montón de pobres.

La crisis de vivienda y el encarecimiento del precio, tanto de los alquileres como de compra, ha puesto en duda una parte importante de la fiscalidad en las empresas inmobiliarias por el bajo nivel de impuestos que pagan en comparación con otros sectores de la economía. Uno de los blancos de las críticas a esta baja tributación son las socimis, sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.

Pocas sorpresas. Josep Sánchez Llibre ha recogido 300 avales de los 50 mínimos que representan unos 1.800 votos, dos terceras partes de los de la asamblea general. Esto le permitirá dirigir un tercer mandato al frente de Foment del Treball, hasta 2030. Las elecciones, que debían ser en julio, se han adelantado al 18 de mayo, día en que el hecho de no haber ninguna otra candidatura hace que se pueda proclamar presidente por la asamblea general. Uno de los principales objetivos del nuevo mandato será combatir el absentismo laboral, con el compromiso de elaborar un libro blanco con propuestas con la participación de todos los agentes económicos y sociales. Otra de las prioridades será conseguir reducir la presión fiscal, ha explicado durante un acto en el Reial Cercle Artístic de Barcelona, con la asistencia de más de 60 empresarios y directivos que le dan apoyo. El período de presentación de candidaturas acababa este viernes.

La Comisión Europea tiene un nuevo diagnóstico sobre fiscalidad que apunta a las rentas más altas y a las grandes fortunas. Según un estudio publicado por el ejecutivo comunitario, durante los últimos treinta años se ha producido en la Unión Europea una concentración de la riqueza en las capas más pudientes de la población, por lo que es necesario repensar los impuestos que gravan el patrimonio, las herencias y las rentas del capital en la UE para deshacer esta tendencia.

Si las predicciones hubieran sido correctas, desde 2022 en Noruega no quedaría ni un solo millonario. En 2021 el Partido Laborista (centroderecha) del actual primer ministro, Jonas Gahr Store, ganó las elecciones parlamentarias y entró en un gobierno de coalición con el Partido de Centro. El nuevo ejecutivo aprobó una reforma del formuesskatt, el impuesto de patrimonio, que aumentaba lo que pagan los contribuyentes más ricos del país.

España fue uno de los siete países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, el think tank de las economías más desarrolladas del mundo) donde el año pasado la subida de impuestos que gravan los salarios se comió con creces el incremento de los sueldos, lo que se tradujo en una pérdida de ingresos reales. El cálculo, sin embargo, no tiene en cuenta el valor de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que se financian con los impuestos.

Desde hace unos días la ofensiva de la oposición consiste en hablar de la existencia de un infierno fiscal. El PP, que insiste en la necesidad de bajar los impuestos, utiliza últimamente el concepto con frecuencia. Y es una expresión que el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que se volverá a presentar para un tercer mandato en las elecciones que ha convocado para el 18 de mayo, dio a conocer durante la presentación del Libro verde sobre la fiscalidad en Cataluña en 2024. Él mismo la considera "acertada" y dice que perdura actualmente.

En Canberra corre el rumor de que el presupuesto de este año –que debe presentarse en mayo– es el más importante del siglo. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha pasado en tres meses de presumir de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años a dar un discurso por televisión por un shock económico que “estará con nosotros durante meses”. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado, según Goldman & Sachs, “la interrupción del suministro energético más importante de la historia”. “Hemos visto la destrucción de pozos de gas en Qatar y Irán”, subraya Tony Wood, investigador de Energía en el Grattan Institute, “si el conflicto se detiene mañana, aún tendrá que pasar un buen tiempo hasta que se reparen estas infraestructuras”.

El Consejo General de Economistas, el organismo que agrupa los colegios de economistas del Estado, propone que el gobierno español ajuste su tramo del impuesto sobre la renta (IRPF) a los incrementos salariales de los últimos años. Según los cálculos de la entidad, un trabajador catalán con un sueldo bruto anual de 25.000 euros se ahorraría unos 252 euros anuales, mientras que en los sueldos más altos, como 400.000 euros, el ahorro superaría los 2.100 euros anuales.

Este miércoles, 8 de abril, comienza la campaña de la renta (IRPF) 2025, en la que habrá más colaboración entre las haciendas estatal y catalana, aunque lejos de la cesión de la recaudación del impuesto por parte de la Generalitat, como pretendía ERC. La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha contratado para esta campaña un 49% más de personal temporal, hasta 152 personas, y se sumarán 36 oficinas distribuidas por Cataluña dedicadas a esta tarea. De estas, ocho serán plataformas temporales destinadas exclusivamente a la atención por la campaña de la renta y se ubicarán en Barcelona (tres centros), Girona, Lleida, Tarragona, la zona del Baix Llobregat y la zona del Besòs.