Esta semana hemos vivido un circo político de primer nivel. Como aquel alumno que hace el trabajo el último día, después de haber tenido tres meses para prepararlo, y se queja porque ha suspendido. Bueno, el gobierno español solo ha tenido ocho años.

Con una búsqueda rápida en internet, se pueden encontrar billetes de avión de ida y vuelta entre Barcelona y Bruselas por menos de 70 euros. El mismo trayecto en tren (en el que hay que hacer transbordo) cuesta más de 200 euros. Y si se hiciera en coche, entre combustible y peajes, costaría como mínimo unos 400. ¿Cómo es posible una diferencia tan grande? La respuesta se encuentra, en parte, en las exenciones fiscales de las que disfruta el queroseno.

Casi dos de cada tres personas que tienen que liquidar el impuesto de sucesiones terminan sin ningún importe a pagar. Según datos de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) obtenidos por la ACN a través de una solicitud de información pública, entre 2022 y el 15 de mayo de 2026, el total de declaraciones que tuvieron un importe a pagar de menos de un euro –la inmensa mayoría de las cuales, ni un céntimo– fue de 482.567. Esto supone el 63,6% del total, aunque se aprecia una evolución a la baja de los que no tienen que ingresar nada en este concepto; si bien en 2022 eran el 65,8% de todos los herederos, el porcentaje ha ido bajando progresivamente hasta el 61,3% desde principios de 2026.

A nadie le gusta ir allí donde cree que no será bien recibido o donde la ovación no se da por hecha. Es lo que debió pensar el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que asistió por última vez al congreso del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) en octubre de 2018 en Valencia. Del 2019 al 2025 dejó de ir a pesar de que este potente lobi le hubiera invitado. Forman parte de él algunas de las principales compañías controladas por parientes, desde Mercadona hasta el Banco Santander, Barceló, Banca March, Mango o el Hotusa de Amancio López, que se incorporó el año pasado.

Miquel (nombre ficticio) tiene 36 años y está a punto de comprarse un piso en Barcelona, en el barrio de Sarrià. Su madre "ha pagado bastante más de la mitad del piso" y él se hipotecará para conseguir el resto de la financiación. "Sin la ayuda de mi madre no me habría sido posible, y hemos tenido que hacer muchas reuniones con el banco para ver exactamente cómo lo hacíamos", explica al ARA.

Una parte importante de los costes que asumen las empresas para mejorar los sueldos al ritmo de la inflación no está llegando a los bolsillos de los trabajadores. Así lo detalla la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas, Pimec, en un informe publicado este jueves dedicado al conocido como fiscal drag, o progresividad en frío. Se trata de la disfunción que se genera cuando las subidas salariales asociadas a los incrementos de precios no tienen una réplica fiscal en forma de deflactación del IRPF. "Se produce una perversión, y es que elevamos los sueldos, pero esto no se traduce en más poder adquisitivo", ha denunciado el presidente de la asociación empresarial, Antoni Cañete.

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), vinculada a la consejería de Economía, ha recuperado 333 millones de euros que durante el 2025 los contribuyentes habían evitado pagar a las arcas públicas, un 13% más que el año anterior. El estudio de la Generalitat presentado este jueves solo hace referencia a los impuestos que tiene cedidos y que, por tanto, la hacienda catalana tiene el encargo de recaudar.

Los futbolistas de la selección española cobrarán cada uno unos 750.000 euros de prima por haber ganado el Mundial, una cifra que multiplica por tres los 245.000 euros que recibieron las jugadoras del combinado femenino español campeón del mundo en 2023. Así pues, la diferencia entre la bonificación extraordinaria entre jugadores hombres y mujeres por ganar la Copa del Mundo supera el medio millón de euros.

La compra de un piso es una decisión tomada después de hacer números y más números y ponderar múltiples variables. Entre ellas, el dinero que el comprador deberá desembolsar cuando materialice la operación, que hacen ir de cabeza a más de uno y de dos.

Pasa siempre rápido y de un día para otro, como una flor que nunca hace verano y un árbol que no deja ver el bosque, pero la Hacienda estatal ha vuelto a hacer pública esta semana la lista oficial de los grandes morosos fiscales del Reino de España. Mil ciento once personas y cuatro mil setecientas empresas que tienen en común que deben más de 600.000 euros a las arcas públicas –y no, no son migrantes precarios en busca de vida, trabajo y futuro–. Son pocos que deben mucho, por un total pendiente que asciende a 15.364.000.000 euros. No he oído ninguna declaración de Fomento del Trabajo respecto al absentismo fiscal reiterado, pero me quedo mirando magnéticamente la cifra, casi deslumbrado, absorto en los once dígitos. Intentando pensar cómo se traduciría este dineral, euro a euro, a la hora de reforzar tantos servicios públicos tensados –escuelas, hospitales o apoyo a las pymes–. Sin embargo, todo es espejismo y simulacro. Porque otra cifra, la de verdad, nos recuerda que la publicación del listado es en balde. El otro número me deja frito camino de frito: los inspectores de Hacienda informan que, del ejercicio 2025, solo se han podido recuperar 220 millones. Un 1,4% del total. Un infierno fiscal –para todos nosotros– que no llega ni a la décima parte. Decirlo esta semana, cuando la inmensa mayoría ha notado en la cuenta corriente cómo la tributación pública pasaba por caja –ya fuera a devolver o a pagar–, sirve para recordar que Hacienda hace mucho tiempo que no somos muy bien todos. En magnitudes inferiores, la incipiente Agencia Tributaria de Cataluña ha hecho público el mismo listado estos días: 60 deudores con un cómputo pendiente de 184 millones, encabezado por un desconocido que debe 65 millones. Y uno se queda rumiando la duda de cómo demonios se acumula una deuda de 65 millones sin que nada pase antes.Doy por descontado que las casuísticas del listado son múltiples –muchas vienen derivadas de quiebras y concursos de acreedores–, pero más allá de la curiosidad por los nombres y la especulación de algunas economías, en el retablo hay sospechosos demasiado habituales, empresas insignia de la burbuja inmobiliaria y unos cuantos personajes de plató. La cuestión neurálgica es que la morosidad solo es una de las caras de un fraude fiscal estructural –la elusión, la evasión, las empresas pantalla, la falsa doble residencia, las bonificaciones a las grandes empresas o las sicav– que suma anualmente 60.000 millones de euros. Los ojos como platos vuelven a girar, probando a aterrizar la morterada a una realidad social cada vez más desigual y desoladora. La sensación imperturbable de que todo ello es una cosa detrás de otra hace agujero. Agujero negro por donde se escapan tantas cosas.

Hacienda liquidó el año pasado un total de 547 millones de euros de personas físicas "con grandes patrimonios", lo que supone un 4,4% más que el ejercicio anterior. A estas actuaciones a través de las diferentes delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria estatal (AEAT), con 1.329 inspecciones –un 5,1% más que en 2024–, se suman las de la Unidad Central de Coordinación de Patrimonios Relevantes para detectar, por ejemplo, falsas residencias. De hecho, el año pasado se liquidaron 68 millones de euros de 145 contribuyentes "artificialmente localizados en otros países" y que en realidad residen en España y deben tributar.

El 41% de la población española aporta más a través de impuestos y tasas que lo que recibe en forma de prestaciones. La proporción se eleva al 68% entre los 25 y los 64 años, la etapa activa de los ciudadanos, y cae por debajo del 10% en los extremos del ciclo vital, la infancia y la vejez, que mantiene una tendencia creciente. La cuestión es que se deben plantear fórmulas para distribuir los costes del envejecimiento poblacional "de manera más predecible y equitativa entre generaciones" para "evitar que se trasladen de forma menos visible a las generaciones futuras a través de más niveles de deuda", según un estudio del centro de política económica EsadeEcPol. Una de las soluciones que aportan consiste en aumentar la proporción de población trabajadora de 55 a 64 años, que se encuentra por debajo de la media europea, y que es la que más contribuye en cotizaciones sociales e impuestos.

Yosef Faradji continúa siendo el contribuyente más moroso con la Generalitat. Esta persona, de la cual se desconocen más detalles, ya encabezó el año pasado la lista de personas físicas y jurídicas que mantienen deudas con las arcas públicas catalanas. La cifra que tiene pendiente ha pasado de los 52,3 millones de euros de hace un año a 65,2 millones ahora a consecuencia de los intereses que se van acumulando. Tampoco cambia el principal moroso entre las empresas, el bingo PlayBadalona, con 8,3 millones, que ha rebajado la carga en el último año en un millón de euros.

El cantante y presentador Bertín Osborne y la tonadillera Isabel Pantoja se mantienen entre los contribuyentes que figuran en la lista de morosos con Hacienda, en la que ya estaban el año pasado. La deuda del primero ha bajado en este período de 865.601,41 euros a 835.287,38; y la de la segunda ha subido de 1.009.253 a 1.273.872,59 euros. Han entrado de nuevo en la lista de la que habían salido los personajes televisivos Patricia Conde, con 714.615,12 euros, y Kiko Matamoros, con 600.740,64.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, empuña de nuevo la política comercial para atacar a los países que contravienen sus intereses. El magnate ha amenazado este viernes a la Unión Europea con un arancel del 100% a todos los productos exportados a EE. UU. para cualquier país que aplique un impuesto a los servicios digitales a las empresas norteamericanas que tengan actividad allí. En una publicación en su red social, Truth Social, Trump ha asegurado que "ya hay algunos países europeos que están cerca" de implementar una tasa de este estilo, y espera disuadirlos con una nueva barrera comercial.

Elon Musk es la primera persona con una fortuna de un billón (con b) de dólares, equivalente a toda la riqueza que genera un país próspero como Suiza en un año o, como afirma Oxfam, como todo lo que tienen 3.800 millones de personas, el 46% de la población más pobre del mundo. La salida a bolsa de SpaceX, una empresa del magnate que se beneficiará de la privatización del negocio aeroespacial, nace con una valoración récord.

Se espera un verano de récord tanto en Barcelona como en el conjunto de Cataluña. Ante este escenario, cuesta entender por qué la tasa turística no ha subido aún más. Desde el 1 de abril, en la ciudad de Barcelona se pagan hasta 12 euros por persona y noche, en función del tipo de establecimiento. Lo que a menudo pasa desapercibido es que una parte de esta recaudación tiene un destino finalista: el 25% se transfiere a la Generalitat para políticas de vivienda y el 75% restante se destina al Fondo para el Fomento del Turismo.La realidad es que la tasa turística es inelástica. Es difícil imaginar que un visitante deje de venir a Barcelona por un incremento moderado del precio por noche, especialmente en el caso de los establecimientos de gama alta. Mientras tanto, la ciudad afronta un déficit creciente en servicios, infraestructuras y mantenimiento del espacio público. Renunciar a esta vía de recaudación equivale, en el fondo, a desaprovechar recursos necesarios.Es cierto que también se puede argumentar que la tasa afecta al turismo local y los residentes también sufren las consecuencias. Pero precisamente por eso habría que reformular el sistema: establecer bonificaciones o reducciones para los residentes en Cataluña y orientar la tasa hacia una redistribución más justa de los costes que genera la actividad turística. Ahora bien, el debate no puede acabar en la cantidad recaudada. La cuestión central es qué se hace con este dinero. Si la ciudadanía percibe que la tasa turística sirve para reforzar el transporte público, ampliar el parque de vivienda asequible, mejorar la limpieza o reducir la presión sobre los barrios más saturados, el consenso social será mucho más amplio. El problema aparece cuando la recaudación se diluye sin un retorno visible ni una estrategia clara. ¿Quién sabía a qué se destinaban sus fondos?

En agosto, vacaciones. La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf), ha pedido al ministerio de Hacienda que declare este "mes inhábil a efectos fiscales y de plazos administrativos". Esta organización, integrada por 12 asociaciones de todo el Estado, se ha dirigido por carta al ministerio, pero también a la secretaría de Estado de Hacienda y a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, para pedir diversas cuestiones. Estas incluyen, además de reclamar una pausa de descanso en agosto, también el ajuste de la tarifa del IRPF a la inflación (deflactación) –que solo se ha aprobado en dos ocasiones en los últimos 20 años– o la ampliación del plazo de alegaciones de 10 a 25 días.

Luchar contra la pobreza material de tanta gente es un imperativo moral de solidaridad humana. Incluso, por el triste argumento del egoísmo, llegaremos a la conclusión de que es mucho mejor para todos vivir en una sociedad cohesionada que en una partida entre unos cuantos ricos y un montón de pobres.

La crisis de vivienda y el encarecimiento del precio, tanto de los alquileres como de compra, ha puesto en duda una parte importante de la fiscalidad en las empresas inmobiliarias por el bajo nivel de impuestos que pagan en comparación con otros sectores de la economía. Uno de los blancos de las críticas a esta baja tributación son las socimis, sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.