Los empresarios más ricos de Dinamarca están en pie de guerra y entraron de lleno en la campaña electoral para las elecciones generales que el país nórdico celebrará el 24 de marzo. El motivo de su malestar es la promesa electoral de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, de reintroducir un impuesto del 5% anual sobre los mayores patrimonios como medida para reducir la creciente desigualdad en el país.

La ingeniería financiera, de la que se benefician las grandes compañías, provoca efectos devastadores en las haciendas de los países. La hacienda española dejó de ingresar más de 32.000 millones de dólares de 2016 a 2021 (27.700 millones de euros al cambio actual) a través del impuesto de sociedades a consecuencia de las técnicas tributarias legales llevadas a cabo por las multinacionales de todo el mundo. De esta suma, alrededor del 10% correspondió a prácticas para reducir la carga fiscal, como trasladar ganancias a territorios de menor tributación, por parte de grandes compañías de EEUU, como Amazon y otros.

En el contexto de las negociaciones para la recaudación de todos los impuestos fruto del acuerdo para la nueva financiación del PSC y ERC, la Hacienda catalana rozó el pasado año el récord de ingresos en tributos propios y cedidos. La Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), el organismo sobre el que pivotan estos cambios, recaudó en el 2024 un total de 5.286 millones de euros por estos conceptos, la segunda cifra más alta jamás conseguida, sólo superada ligeramente por la del 2006 (5.362 millones), cuando la Generalitat prácticamente no tenía ningún tributo propio y justo. La cifra del pasado año supuso un incremento de un 12% respecto al ejercicio anterior, gracias al impulso de los gravámenes ligados a la actividad inmobiliaria, según los datos de la administración catalana.

Los impuestos ambientales son la brecha que han encontrado las comunidades autónomas para recaudar más dinero. Ante el agujero que ha dejado al Estado en la fiscalidad verde, las comunidades han creado impuestos propios para gravar la contaminación y frenar las emisiones. Eso sí, depende claramente de la necesidad de recursos y financiación de cada comunidad. Así, Cataluña se ha convertido en la comunidad con más impuestos ambientales y la que más recauda por este tipo de tributos, mientras que Madrid no tiene ningún impuesto verde y, por tanto, su recaudación por impuestos ambientales es cero.

España recaudó 223.385 millones de euros en 2021. No solo es un 15% más que en 2020, sino también una cifra histórica que ha llevado a diferentes voces del ámbito económico a preguntarse qué motivos puede haber detrás de unos ingresos tan elevados cuando no ha habido grandes cambios fiscales. Diferentes expertos consultados por el ARA coinciden en el hecho de que hay múltiples elementos que lo explican y anticipan que, teniendo en cuenta que 2020 fue un año “peculiar”, todavía es pronto para extraer conclusiones sólidas. Pero de entre los motivos planteados destaca una hipótesis: ¿está desapareciendo la economía sumergida?

El Govern ha decidido poner en marcha el impuesto a las emisiones de CO₂ de los vehículos de tracción mecánica —que afecta a coches, motos y furgonetas—, que se empezará a pagar a partir del otoño. Un impuesto que, de media, supondrá el pago de 35 euros anuales para los coches afectados y 26 euros para las motos, y con el que el Govern espera recaudar este año 67,3 millones de euros, una cantidad que aumentará hasta los 145 millones a partir del año que viene, algo menos de lo que se había previsto inicialmente, cuando se rebajará el nivel de emisiones exigidas para quedar exento.