El fraude debe combatirse siempre y en todas partes. Sin excepciones. Venga de arriba o de abajo. Estamos demasiado malacostumbrados al "hecha la ley, hecha la trampa", una plaga que viene de lejos. En todos los casos, los fraudes generan y amplifican la sensación de desconfianza y de impunidad, de forma que esparcen la desafección ciudadana hacia las instituciones. La reacción disgustada suele ir por ahí: "Si hay quien se dedica a saltarse las normas para beneficiarse del dinero de todos, ¿por qué yo debo cumplir? ¿Por qué debo pagar mis impuestos? Al final seré la única persona que cumplirá con sus obligaciones y no se saltará las normas". La picaresca se contagia fácilmente.

Existe una opinión bastante extendida que reza así: Orriols dice lo que la gente quiere oír, habla de problemas concretos, de miedos reales. Por eso la votan. Los partidos tradicionales llevan tiempo secuestrados por lo políticamente correcto. Ella es incorrecta y se pasa de la raya, sus soluciones no son factibles, va al choque, pero dice las cosas tal y como son. Demonizarla no es la solución. El cordón sanitario no es la solución.

In extremis, el PP acabó apoyando en julio el reparto de 400 menores migrantes entre las comunidades autónomas. La saturación en Canarias necesitaba una medida urgente, pero desde el primer momento se planteó como un parche que debería acabar resolviéndose con la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria (y no opcional como ahora) la distribución de los menores que lleguen a las costas españolas. Las negociaciones entre los populares y el gobierno español han durado hasta ahora: el PP ha anunciado este sábado que las rompe acusando al ejecutivo de negarse a pedir ayuda a la Unión Europea. Fuentes del gobierno socialista niegan la acusación y critican "la ruptura unilateral e injustificada" de las conversaciones.

El Congreso de Diputados ha tumbado este miércoles con los votos del PP, Vox y Junts la reforma de la ley de extranjería, que pretendía convertir en obligatorio el traslado de menores migrantes a la Península cuando territorios saturados, como es el caso actualmente de las Islas Canarias y Ceuta, sobrepasen el 150% de su capacidad de acogida. Se da la paradoja de que los gobiernos canario y ceutí, en los que se encuentra el PP, son los que llevan reclamando desde hace tiempo que se apruebe esta modificación para agilizar el proceso de reparto de menores, que ahora es lento y pesado. El PP, pues, ha votado contra los intereses de dos de sus gobiernos autonómicos, dejando en una mala situación a los populares de estos territorios. La razón debemos buscarla seguramente en la presión que ejerce Vox, que ya ha salido de los gobiernos autonómicos por esta cuestión y, una vez la agenda catalana ha pasado a un segundo plano, está centrando todos sus mensajes en torno a la cuestión de la inmigración.

La decisión del PP de aceptar el reparto de 347 menores migrantes que deben llegar de Canarias es un gesto de responsabilidad institucional que, además, lanza un mensaje contundente a la extrema derecha de Vox, que ha amenazado con romper todos los pactos que mantiene con los populares y este jueves decidirá si efectivamente lo hace. Evidentemente, hay mucho que discutir sobre política migratoria, pero por encima de todo debe haber la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, y lo que no puede ser es que el partido mayoritario de la derecha en España compre el relato falso de Vox según el cual todos los inmigrantes menores son potenciales delincuentes que deben ser devueltos de inmediato a sus países. Lo ideal sería ahora que los partidos fueran capaces de llegar a un acuerdo en el que se tuviera en cuenta la situación de cada territorio, lejos de dogmatismos y prejuicios.

La extrema derecha española ha encontrado en la justicia madrileña un poder en el que de momento sale impune de las polémicas que acumula, así como de las presuntas irregularidades que acorralan a los líderes de Vox. En cambio, Podemos considera que no ha encontrado más respuesta que decisiones que el partido considera una clara "persecución política" por sus ideas. Este lunes han coincidido tres decisiones que afectan a los dos partidos implicados y que ponen el foco sobre el papel de la judicatura. Por un lado, el Supremo ha ratificado la pena de 19 meses de prisión para la portavoz del partido morado y ex líder de la formación en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por oponerse a un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014; por el otro, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado el cartel xenófobo de Vox contra los menores migrantes que apareció en la parada de metro de Sol de la capital española durante la campaña del 4 de mayo. Y, en tercer lugar, la Fiscalía ha confirmado que no recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de no aceptar una querella contra la líder del partido ultra en Madrid, Rocío Monasterio, por presunta falsificación de un visado de obra del Colegio de Aparejadores de Madrid.

Vox podrá mantener en campaña electoral el cartel xenófobo que colgó hace dos semanas en la estación de metro y Cercanías de Sol, en pleno centro de Madrid, porque es una parte más de la "forma de expresión" de las políticas de inmigración del partido de extrema derecha español. Esto es al menos lo que opina una jueza madrileña, que ha archivado tanto la denuncia presentada por la Fiscalía como la del PSOE por un presunto delito de odio por el cartel que criminalizaba a un adolescente inmigrante al que se identificaba como miembro del colectivo de menores extranjeros no acompañados.