Una vez terminado el 2025, también se ha terminado el presupuesto del Plan que daba "aire" a las familias con personas con un alto grado de discapacidad. "¿Ahora qué debemos hacer?", se preguntan, exhaustas, por la escasez de los llamados respiros, programas de estancias temporales en residencias para las personas con discapacidad para que las familias descansen. Además, son familias empobrecidas a la fuerza para que la dependencia o la discapacidad supone un sobrecoste económico en terapias, prótesis y cuidadoras que no siempre cubre la administración pública.

Para ilustrar los obstáculos financieros, Artur Feijóo despliega una hoja con un gráfico. Muestra el calendario de cobro de las subvenciones que recibe TEB –el grupo cooperativo que dirige– para pagar los salarios de las cerca de 650 personas con discapacidad ocupadas en sus centros especiales de trabajo y el personal de apoyo que les acompañan. El 100% de las ayudas correspondientes a 2024, dice, apenas lo han acabado de cobrar este mes de noviembre, mientras que de 2025 sólo han ingresado un 15%, por ahora. "Estamos al límite", admite Feijóo. El retraso a la hora de recibir ese dinero por parte de la Generalitat les ha obligado a endeudarse para pagar sueldos y tener que asumir los intereses –entre 60.000 y 70.000 euros– de estos préstamos. Si este año logran cerrar con la cuenta de resultados a cero, será porque los socios de la cooperativa han realizado aportaciones para evitar pérdidas. "Llevamos muchos años instalados en la incertidumbre", lamenta Feijóo.

El colectivo de personas con discapacidad intelectual ha crecido en los últimos cinco años un 28% en Cataluña. Sin embargo, siguen teniendo los mismos problemas para acceder a recursos y servicios públicos, lo que vulnera sus derechos y oportunidades. En el ámbito educativo, un estudio de la patronal del sector, Dincat, denuncia que estos niños sólo representan el 0,8% del total de matriculados de infantil en secundaria, a pesar del decreto de la escuela inclusiva, que potencia la matriculación en los centros ordinarios. En cambio, las inscripciones en los centros especiales creció el pasado curso casi un 2% siguiendo la tendencia al alza. La realidad que vive el colectivo "sigue siendo preocupante" en cuanto a derechos y oportunidades, avisa la entidad.

José Carlos Eiriz es desde este verano el nuevo presidente de Dincat, la federación de entidades para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, que estos días está de celebración por cumplir 50 años. Eiriz, economista de formación, lleva 32 años trabajando en entidades del sector, en lo que define como la aplicación de la teoría económica "al servicio de las personas y no del capital".

Cuando Roger Vilaseca entró en la lista de espera para acceder a una plaza residencial tenía 23 años. Era 2009, y en estos 13 años que han pasado no ha recibido ni una sola respuesta de la administración. Silencio. Lógicamente, la vida ha continuado para este barcelonés de 36 años, con una discapacidad intelectual y valorado con el grado 2 de dependencia (la mitad de los tres establecidos), que mientras caen las hojas del calendario convive en el domicilio familiar y mantiene una vida bastante autónoma. "A Roger no lo hemos podido congelar estos años y con él hemos forzado la máquina para que tenga habilidades para poder vivir solo", explica Ramon Vilaseca, su padre, que ya hace años que está preocupado por lo que pasará cuando ellos no estén o no lo puedan cuidar. Es la misma "angustia" del hijo, que confía en que su expediente se resuelva cuanto antes mejor para dar "tranquilidad a los padres".

Genís tiene 27 años, hace cinco que trabaja en la cooperativa de gestión de residuos Femarec y, si todo va bien, pronto podrá presentarse a las oposiciones que está preparando. Su vida laboral, sin embargo, representa a un 20% minoritario y rompe con una estadística contundente: solo una de cada cinco personas activas con discapacidad intelectual tienen trabajo en España. Esta es la realidad para la mayoría del colectivo que denuncia la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (Dincat), esta vez a través de un informe con propuestas para que el modelo de inserción laboral sea más inclusivo.