Dos accidentes de tren con 46 muertes y caos ferroviario en Catalunya. Éstas eran las dos cuestiones sobre las que este jueves, el ministro de Transportes, Óscar Puente, debía dar explicaciones al Senado forzado por el Partido Popular. Una comparecencia que ha ido sobre el guión previsto -el ministro ha defendido su gestión-, pero que, poco a poco, ha ido subiendo de tono. Según Óscar Puente, ni el accidente de Adamuz, con 45 víctimas mortales, ni el de Gelida, con un maquinista fallecido, han tenido que ver con el mantenimiento de la red ferroviaria que realizan Adif y su ministerio. Ahora bien, en el caso del caos de los trenes catalanes en los últimos días el titular de Transports ha hecho autocrítica. "Cercanías es un servicio pésimo, pero estamos trabajando para corregirlo", ha reconocido el ministro en respuesta al senador de Junts Eduard Pujol, con quien ha tenido un debate tenso después de que el juntero le haya reclamado en varias ocasiones la dimisión. "No soy sordo, no hace falta que me diga más veces que dimita", replicó el ministro.

El corte de la AP-7 provocado por el accidente ferroviario de Gelida puede durar días, explican desde el Servei Català de Trànsit, y es una incidencia que no sólo afecta a la movilidad de las personas, sino que impacta de lleno en el sector del transporte y la logística, no sólo de Catalunya, sino de todo el Estado. La AP-7 es la principal vía que canaliza el tráfico de mercancías de Europa hacia la península Ibérica y de España –e incluso de gran parte del Magreb– hacia Europa. De hecho, esta vía forma parte de un corredor calificado de prioritario por la Unión Europea. Y, además, Catalunya aporta más del 25% de las exportaciones españolas, gran parte de las cuales salen por esta autopista.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha venido a Barcelona a dar un mensaje de calma. "Hay dinero y hay muchas obras en marcha", ha dicho en un encuentro con empresarios en el Círculo de Economía, antes de desgranar las principales acciones e inversiones que su ministerio tiene previstas en Catalunya; algunas tan complicadas e históricas como el traspaso de Cercanías, la ampliación del aeropuerto o la mejora de los accesos al puerto.

Un nuevo acuerdo político, esta vez entre Junts y el ministerio de Transportes, ha sacado del cajón un viejo proyecto de infraestructuras que llevaba dos décadas archivado. Una delegación del partido de Carles Puigdemont ha anunciado este jueves al mediodía desde El Prat de Llobregat que han cerrado un acuerdo con el gobierno español para "desbloquear" la conexión del aeropuerto con la alta velocidad ferroviaria.

Para Carinsa, la compañía catalana dedicada a crear, producir, distribuir y comercializar aromas para la alimentación humana y bebidas, alimentación animal y fragancias para detergentes y cosmética, el problema no son los aranceles impuestos por EEUU, una vez que los deja por ahora en el 10% en lugar del 20%. Además, para esta empresa las ventas en la primera potencia mundial no alcanzan el 5% del total. Pero les preocupan los efectos que esta guerra comercial puede tener más a medio que a corto plazo.

La auditoría interna que puso en marcha el ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado marzo a raíz del caso Koldo, se ha publicado este viernes y ya tiene, de entrada, a dos víctimas: los dos altos cargos del ministerio imputados en el caso y que hasta ahora seguían desarrollando sus funciones. En una comparecencia a petición del PP este viernes en el Senado, el ministro ha anunciado el cese del actual subsecretario del ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y del director general de gestión de personas de Adif, Michaux Miranda.

Un viernes a las nueve y media de la tarde. Área de servicio del Montseny de la AP-7 en dirección a Francia, a la altura de Llinars del Vallès. Decenas de camiones se agolpan por todas partes. El parking está desbordado y desde el momento en que se sale de la autopista, cualquier conductor se topa con camiones en los bordes de la carretera, aunque esté prohibido. Es una estampa que se repetirá al poco tiempo en las áreas de servicio de la Selva, en Maçanet; del Gironès, en Riudellots; y del Empordà, a la altura de Garrigàs. Un colapso de camiones en paralelo al aumento –de hasta un 40%– del tráfico desde el final de los peajes, pero que se arrastra desde hace cinco años –con el largo paréntesis de la pandemia, que le diluyó–. Se trata de la consecuencia directa de la prohibición de circulación de camiones de gran tonelaje en la N-II desde 2018. Desde entonces, los párkings habituales en restaurantes de carretera para el descanso se han borrado y se han multiplicado las aglomeraciones en áreas de servicio y polígonos cercanos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este martes un embargo de la importación de carbón procedente de Rusia como parte de la quinta ronda de sanciones europeas por el ataque en Ucrania. Pero las sanciones, de momento, no afectarán el petróleo ni el gas ruso por las diferencias que tienen sobre este punto los Veintisiete.

El gobierno central ha aceptado pagar 1.291 millones de euros a Abertis cuando levante los peajes de la AP-7 el próximo 31 de agosto, que es cuando se acaba el contrato de concesión. El plan de estabilidad enviado por el ejecutivo español a Bruselas la semana pasada reconoce que este año está dispuesto a pagar a Abertis por la AP-7, una partida que elevará el déficit público, según ha avanzado El País. Los 1.291 millones que dice el gobierno, sin embargo, quedan lejos de los 3.325 millones que reclama Abertis.