Garantizar que la inteligencia artificial no vulnera los derechos fundamentales es el objetivo del reglamento europeo que a partir del próximo año hará que sea obligatorio someter a una evaluación previa todos estos sistemas cuando puedan suponer un riesgo alto para los derechos de las personas. Por ejemplo, cuando tengan relación con la salud, educación, procedimiento judicial, procesos de selección laboral, acceso a ayudas económicas y control de fronteras. A partir del próximo agosto, los sistemas basados ​​en IA tendrán que pasar una evaluación previa para poder utilizarse en la UE. Sin embargo, la norma no concreta cómo debe ser esta evaluación, y Cataluña ha desarrollado un modelo que ya han hecho suyo también el País Vasco, Croacia, Malta y Brasil.

Al Reino de España las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no le hacen ni frío ni calor. Cada vez que el Tribunal de Estrasburgo condena al Estado por una vulneración de derechos fundamentales se produce un tipo de apagón informativo, de forma que el hecho pasa desapercibido para la gran mayoría de la gente. Contrariamente a lo que sería esperable de una democracia plena (sic), el estado español no cree que tenga nada que mejorar cuando la más alta instancia europea pone de manifiesto que su sistema judicial ha vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Ha habido cierta pérdida en el consenso internacional sobre qué son los derechos humanos”. “En cinco años hemos visto una explosión de la represión de la palabra libre”. Las dos frases son de Carles Torner, hasta hace poco director ejecutivo del PEN Club Internacional, y corresponden a la entrevista que abre la sección de Cultura. Torner puede aportar la panorámica mundial que le concede el cargo que ha ocupado durante siete años, especialmente sobre la libertad de expresión y los graves problemas que tienen muchos escritores. Pero no solo. Se ha encontrado con un estallido generalizado que hace retroceder derechos fundamentales, el momento cero del cual él sitúa en el triunfo electoral de Donald Trump en 2016. 

Las restricciones que afectan a derechos fundamentales, como la limitación de diez personas en las reuniones y el aforo en los actos de culto, no se prorrogarán y dejarán de tener efecto a partir del viernes, según ha avanzado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. El Procicat se ha reunido para acabar de pulir los últimos detalles de la resolución que se aprobará el viernes, según ha explicado en rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo. Por otro lado, la Generalitat también estudia aumentar del 30% al 40% el aforo en espectáculos deportivos de más de 10.000 personas.

El Tribunal Supremo no está seguro de que vaya a ser él el órgano competente para decidir sobre las restricciones a los derechos fundamentales que las comunidades autónomas aprueben a partir del domingo, cuando ya no esté vigente el estado de alarma. El gabinete técnico ha analizado el decreto ley que el gobierno español ha aprobado esta semana sobre cuál es la vía legal para amparar medidas autonómicas como el toque de queda o las limitaciones de movimiento que da al alto tribunal la última palabra y, en "una primera nota de urgencia" que se ha filtrado este jueves, plantea problemas procesales y de constitucionalidad porque obliga a los magistrados a dirimir sobre cuestiones políticas.