Se ha aprobado en el Parlament de Catalunya una nueva regulación del mercado de vivienda con el objetivo de hacer más accesible el alquiler. Toda la norma exuda la creencia de que el mercado es de alguien que lo dirige. Nada más lejos de la realidad. El mercado de propiedad inmobiliaria y el mercado de vivienda de alquiler son de los mercados más competitivos que existen, lo que significa que los precios que se pactan en las transacciones no son consecuencia de ninguna posición de fuerza por una parte, sino de un equilibrio derivado de la oferta y la demanda. Sí, la maldita oferta y demanda, tan odiada por muchos, pero el mecanismo más igualitario en mercados competitivos. Tanto es así que toda la legislación que garantiza la competencia en los mercados siempre es vista como una protección a los consumidores. Toda transacción inmobiliaria se basa en unos tratos que no están protegidos por ningún monopolio. Si uno no quiere aceptar un precio, puede ir a otro sitio a buscar un precio más bajo. Si hay conflicto por un sitio concreto significa que no se discute por una vivienda sino por una localización. O sea, las partes implicadas aspiran al pequeño poder de monopolio que representa esa vivienda. Todas: oferentes y demandantes. En el mercado inmobiliario –de compra o de alquiler–, todo el mundo especula, dado que todo el mundo espera una ganancia. Los compradores y los inquilinos también esperan una ganancia. Cuando se pide la regulación de los alquileres significa que muchos esperan una ganancia, que será a expensas de otra persona o empresa. A esto se le llama redistribución, no mercado. Dejemos a un lado el término especular: todo el mundo es especulador, empezando por aquellos que quieren influir en el precio de una vivienda por presión política o por cambio de regulación. Ésta sí que es una especulación de manual: cambiar la norma para cambiar el precio.

"Quieren hacer negocio y quisieran que todo fuera discreto. Pero yo pienso que el resto de ciudadanos deben saber qué está pasando aquí". Josep Torrent, de 49 años, se ha convertido en el primer vecino del ya mítico edificio del Eixample, la Casa Orsola, que tiene fecha de desahucio. Este profesor de matemáticas lleva 22 años viviendo en el blog y nunca había participado en el activismo por una vivienda digna. Pero ahora le ha "tocado". "Prefiero no pensar en ello, no imaginármelo. Pero, si vienen, el 31 de enero me encontrarán en mi casa sin oponer resistencia, pero con el apoyo de entidades, las vecinas y el sindicato", asegura. La suya será, pues, la primera expulsión por la fuerza después de tres años de lucha vecinal en este bloque. Josep será el primer desahuciado pero no el primero que se marcha. Antes de que él, asegura, muchos vecinos se han marchado a regañadientes porque no les han renovado el alquiler y no se han visto con corazón de luchar: son las llamadas expulsiones invisibles.

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto 32 expedientes sancionadores a propietarios de pisos por incumplimiento de la ley de regulación de los precios del alquiler, la 11/2020, que aprobó el Parlament en septiembre de 2020. Se trata de 16 anuncios de alquiler en plataformas digitales que no cumplen con la obligación de incluir el índice de precios de referencia que figura en la norma, cosa que impide comprobar si el precio sobrepasa el límite legal. Los procedimientos afectan tanto a los administradores de las fincas que se anuncian como a los portales web que hacen de intermediarios. El importe de las sanciones puede alcanzar los 96.000 euros.