El marco legislativo sobre las condiciones laborales de los funcionarios en Catalunya tiene más de 25 años y, para el Govern, ha llegado el momento de ponerlo al día. El consejo ejecutivo del próximo martes aprobará el proyecto de ley de empleo público, que tiene como objetivo redefinir el acceso al sector público, despertar vocaciones entre los jóvenes para afrontar el relevo generacional en la administración y cambiar las condiciones de promoción en la carrera funcionarial. La ley, que posteriormente entrará en el trámite parlamentario, afecta a casi 400.000 trabajadores: los empleados de la Generalitat, los de los 947 ayuntamientos de Catalunya y los de las siete universidades públicas catalanas. La norma ha sido trabajada con el "máximo consenso", según el departamento de la Presidencia, y se enmarca en el gran proyecto de reforma de la administración que tiene en marcha el ejecutivo catalán.

Volvemos del fin de semana con Sumar en estado de choque por el caso Errejón y un mensaje que vuelve con fuerza: el maltrato machista, tanto físico como psicológico, no entiende ni de derechas ni de izquierdas, ni de títulos académicos, y obliga a los hombres a realizar una reflexión de un cambio de muchas actitudes culturalmente aceptadas hasta ahora.

El Govern se prepara para asumir el traspaso integral de Cercanías con la creación del Centro de Formación Ferroviaria de Catalunya. Las consejeras de la Presidencia, Laura Vilagrà, y Territori, Ester Capella, han presentado este viernes este espacio de formación, que será público y pionero en el Estado, y que está previsto que entre en funcionamiento a partir del curso 2024-2025. El centro, que se ubicará en Vilanova i la Geltrú, debe convertirse en un potente núcleo formativo en el ámbito ferroviario en el país. "El Govern hace una apuesta clara por formar nuevo personal en el campo ferroviario como paso previo para fortalecer la red de trenes", ha dicho Vilagrà.

Hemos consumido una semana más en la cuenta atrás para evitar la repetición de elecciones. Y esto nos permite constatar que el clamor para evitar la repetición electoral es unánime.