Casi un año después del crimen en prisión Mas d'Enric, la Sindicatura de Greuges ha reiterado el toque de atención al departamento de Justícia por las medidas que tomó como respuesta al asesinato de una cocinera a manos de un preso que también trabajaba en la cocina. La síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, insiste en que la Generalitat debe revisar "en profundidad" la circular que veta en las cocinas y otros puestos de trabajo considerados de riesgo todos aquellos internos tomados por delitos violentos. Es más, reclama que readmita a todos los internos que fueron destituidos por esta norma con carácter retroactivo.

Solo dos de cada 10 menores de edad tutelados por la Generalitat acabarán volviendo a su familia biológica, una cifra baja que para la síndica de greuges obliga a realizar una revisión del sistema de protección, basado más en la separación de las criaturas del su núcleo familiar para encerrarlas en centros que no en la prevención y atención de las situaciones de riesgo. "Estoy convencida de que con mayor ayuda a las familias se podrían reducir los desamparos", ha afirmado este lunes Esther Giménez-Salinas durante la presentación del informe La desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, en el que reclama un cambio en el modelo que pase por invertir más en el apoyo y acompañamiento de las familias para poder reducir la alta cifra de niños que pasan años en estos centros.

En Barcelona hay suficientes plazas escolares para todos los alumnos pero la oferta todavía presenta "desequilibrios" según el barrio, hasta el punto de que las plazas son insuficientes en más del 40% de las zonas de escolarización. Y, a pesar de que la mayoría de los centros son financiados con fondos públicos y por primera vez hay más alumnos matriculados en la escuela pública que en la concertada, la escolarización no es gratuita para la mayoría de familias, que de media pagan 281 euros anuales en P3 y 443 euros anuales en 1º de ESO, unas cantidades a las que se tienen que añadir las aportaciones al AMPA y otros gastos como colonias y extraescolares. Estos costes asociados, que en algunos casos pueden llegar a los 1.000 euros al año, limitan la oferta efectiva a la que pueden acceder las familias con menos recursos.