Desde la afortunada desaparición del terrorismo de ETA, Euskadi dejó de tener el protagonismo mediático que había tenido desde la Transición, pero eso no significa que su conflicto político con el Estado haya dejado de existir. La lucha política por obtener más y más autogobierno ha sido encabezada históricamente por el PNV, aunque en los últimos años el giro pragmático de EH Bildu también ha hecho que la izquierda aberzale se haya sumado al carro del pescado al cuerno. La sociedad vasca tiene tan claro que la vía negociadora es la buena, tras el trauma que supuso la violencia política, y que para optimizar esta negociación es necesario reforzar los partidos propios que el PNV y Bildu suman el 65% de los votos en el Parlamento vasco y 54 escaños de 75. preponderante. El día 16 los gobiernos vasco y español firmaron, en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias, el traspaso de cinco nuevas competencias para Euskadi: Salvamento Marítimo, la gestión del Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo, las prestaciones familiares no contributivas, la prestación por desempleo y el seguro escolar. También se ha aprobado que Euskadi gestionará la prestación por desempleo a partir del 1 de enero de 2027, por lo que las oficinas del SEPE pasarán a formar parte de la red vasca Lanbide (en Cataluña existe la doble red del SEPE y las OTG de la Generalitat para las políticas activas de empleo). Es muy significativo que todas estas competencias hayan tardado 45 años en ser transferidas, pese a constar en una ley orgánica como el Estatut.

"La propuesta de proposición de ley orgánica por la que se establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña y se deroga la ley orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido aprobada por 120 votos a favor y 15 votos en contra."

El día 30 de septiembre de 2005 se selló un gran pacto de país que hizo posible el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. El contexto de ese momento se podría resumir así: había bonanza económica, en Catalunya gobernaba el primer tripartito con Pasqual Maragall de presidente, CiU era la primera fuerza del Parlamento con 46 diputados después de haber ganado las elecciones contra todo pronóstico, y en España gobernaba el PSOE de Rodríguez Zapatero tras la guerra de Irak y de los a Irak. Y un dato añadido, no menor: Zapatero había prometido solemnemente que avalaría el Estatut que saliera del Parlamento catalán.

El grupo de Economistas por el Bienestar y un conjunto de entidades económicas han publicado recientemente (2023) los datos de la financiación de décadas de la Generalitat en el manifiesto Es necesario gestionar los recursos propios para mejorar el bienestar y la competitividad de Cataluña. La síntesis nos dice que si Catalunya es la segunda comunidad autónoma por capacidad fiscal, en el momento de recibir financiación se sitúa en la décima posición y la decimocuarta en valor de paridad de poder adquisitivo. En la decimocuarta de quince comunidades, la penúltima, dejando a un lado las dos forales, que vuelan aún más alto. Pues bien, este hecho sería plenamente inconstitucional, si lo juzgamos a la luz de la sentencia del TC sobre el Estatut de Catalunya, un largo texto, parte del cual trata la financiación. Es necesaria una explicación paso a paso.

Si Salvador Illa no logra que el PSOE se tome tan en serio la financiación singular de Catalunya como se ha tomado la ley de amnistía, los socialistas acabarán imitando Barrio Sésamo cuando explicaban la diferencia entre encima y debajo. La diferencia es que Barrio Sésamo era televisión educativa que hacía sonreír, y los circunloquios socialistas para evitar un compromiso son una irritante tomadura de pelo. Preguntado sobre la cuestión, Patxi López explicó el martes a TVE que todas las comunidades son singulares, porque unas tienen costa y otras no, unas tienen lengua propia y otras no, unas tienen la población dispersa y otras concentrada... y que , por tanto, no hay nada más singular que garantizar la igualdad tratándolas a todas singularmente. Si esto es todo lo que debemos oír durante los dos meses que vienen, iremos a elecciones en octubre de nuevo.

Era un 31 de enero de ahora hace poco más de quince años y Mariano Rajoy, entonces presidente del PP, estampaba orgulloso su firma contra el Estatut de Catalunya desde la Plaza de las Flores de Cádiz. En Catalunya, el líder de los populares catalanes, Josep Piqué, lo hacía apenas tres días después desde Llavaneres. Y, según quienes lo conocen, lo hacía a regañadientes y forzado por las órdenes que llegaban desde Génova. “Fue una imposición de Madrid”, admite un dirigente del PP en Catalunya de aquella época. Pero como suele pasar, la dirección catalana acató a pesar de creer que la campaña les podía ir en contra. Se había “dado la orden”, recuerdan hoy ex dirigentes. Visto en perspectiva, ahora en privado se han multiplicado las voces dentro de los populares catalanes que consideran que aquella campaña fue un “error”. A pesar de todo, Pablo Casado ha decidido repetirla, recogiendo firmas esta vez contra los indultos a los presos políticos.

Hay muchos Pablo Casado. El líder del PP ha ido cambiando constantemente de discurso en función de las necesidades. También ha pasado con Pedro Sánchez, que hace un año y medio defendía que los presos políticos tenían que cumplir la pena íntegra. Pero ante el escenario de la concesión del indulto a los líderes independentistas, el jefe de la oposición ha vuelto al discurso más duro y cercano a la extrema derecha, si hace falta. Ha vinculado a Sánchez otra vez con ETA y Venezuela y ha considerado que se trata de un ejecutivo "terminal, rehén de los que quieren destruir España" por haberse mostrado a favor de los "autoindultos ilegales" para "seguir en el poder". Lejos queda el duro discurso contra Santiago Abascal en la moción de censura fallida de Vox, celebrada el otoño pasado en el Congreso.