Esta semana comienzan en Madrid dos juicios que con toda seguridad tendrán un fuerte impacto en la política española. Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Kitchen, y el martes en el Tribunal Supremo se juzgará al exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos por el primer caso que le afecta, el de una supuesta trama para cobrar comisiones por vender mascarillas a diferentes instituciones del Estado.

 A finales de mayo de 2021, el juez Manuel García-Castellón se encaminaba a cerrar la instrucción del caso Kitchen cuando el excomisario José Manuel Villarejo se disponía a comparecer en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Al escuchar la afirmación de Villarejo, el 27 de mayo de 2021, sobre su presunto intercambio de mensajes por teléfono con Mariano Rajoy en relación con la operación de espionaje al extesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, el juez, según dijeron fuentes judiciales al ARA, exclamó que si era necesario estaba dispuesto a citar a Rajoy. Lo que hizo el juez el 28 de mayo, al día siguiente de la mdencionada comparecencia, fue citar a Villarejo para declarar el 2 de junio. Pero, ese fin de semana, el juez reflexionó después de intercambiar opiniones, y el lunes 1 de junio por la noche filtró a los medios de comunicación que pensaba aplazar la declaración hasta que acabaran las comparecencias en la comisión parlamentaria en el Congreso.  

Jorge Fernández Díaz lo ha sido todo en el PP en Catalunya. Durante muchos años en la sede de la calle Urgell de Barcelona no se ha tomado ninguna decisión sin su visto bueno. Su palabra ha sido decisiva para fijar estrategias, marcar posición y, por encima de todo, decantar la balanza sobre quién iba y quién no iba en las listas. Un poder ejercido casi siempre desde la sombra y que en los últimos años ha tenido también su deriva orgánica con el cargo de presidente del comité electoral del PP en la demarcación de Barcelona. Un cargo que ahora ha tenido que dejar provisionalmente después de que la semana pasada el PP le comunicara su “suspensión temporal” de militancia una vez el juez que investiga el caso Kitchen decidió procesarle por el espionaje al extesorero de los populares Luis Bárcenas. Una comunicación con la que el exministro de Interior perdía definitivamente su condición de intocable dentro del PP en Catalunya.

El magistrado Manuel García-Castellón ha procesado al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su número dos, Francisco Martínez, y a otros nueve altos mandos de la cúpula policial de Interior bajo el gobierno de Mariano Rajoy.  El juez ha archivado la causa para la secretaria general del Partido Popular y exministra María Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado dictado este jueves 29 de julio es recurrible ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por lo que todavía se puede cuestionar el archivo de la causa para Cospedal y su marido, como pueden hacer la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares. 

Pablo Casado apenas vivía la euforia de la victoria del PP el 4-M en la Comunidad de Madrid (a pesar de que Isabel Díaz Ayuso es ahora una competidora interna), cuando ha reaparecido la sombra de la corrupción del PP, que le afecta de pleno. La imputación de María Dolores de Cospedal, ex número 2 del partido, en el caso Kitchen por haber ordenado el robo de documentos comprometidos al ex tesorero Luis Bárcenas vuelve a poner en dificultades al actual presidente del PP. Recordemos que Casado obtuvo el liderazgo del partido en unas primarias contra Soraya Sáenz de Santamaría gracias sobre todo al apoyo de última hora que recibió de Cospedal, que también aspiraba al cargo.

El juez Manuel García-Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, prepara el auto de citación de tres nuevos imputados en el caso Kitchen, operación policial diseñada y ejecutada por la cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía en 2013-2015 con el objetivo de sustraer presunto material comprometedor para el Partido Popular y su dirección en poder del extesorero nacional, Luis Bárcenas.