Después del golpe de Estado del 23-F, solo una treintena de implicados en la revuelta fueron juzgados, de los cuales buena parte recibieron indultos totales o parciales, o bien obtuvieron reducciones de pena y libertad anticipada durante los años siguientes. Pese a la gravedad de los hechos, el gobierno español y parte del establishment defendían que, después de consolidar la democracia, era necesario rebajar la tensión con el ejército.

El 23 de febrero de 1981, el general Alfonso Armada entró en el Congreso con la idea de un "gobierno de salvación nacional" y salió detenido, tras fracasar el golpe de Estado, por disputas entre los golpistas, entre otras causas. Tal y como se ha publicado desde entonces, aquel ejecutivo habría tenido al propio Armada como presidente del Gobierno, junto a los socialistas Felipe González (vicepresidente económico), Gregorio Peces-Barba (Justicia), Javier Solana (Transportes) y Enrique Múgica (Sanidad); los diputados comunistas Jordi Solé Tura (Trabajo) y Ramón Tamames (Economía); los diputados de UCD Pío Cabanillas (Hacienda), José Luis Álvarez (Obras Públicas), Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (Educación y Ciencia) y Agustín Rodríguez (Industria); los representantes de Alianza Popular Manuel Fraga (Defensa) y Manuel Saavedra (Interior); otros militares como José Antonio Sáenz de Santamaría (Autonomía y Regiones) y representantes de la sociedad civil, como el exministro franquista José María López de Letona (vicepresidente económico), Carlos Ferrer Salat (Comercio), Antonio Garrigues Walker (Cultura) y Luis María Anson (Información).

Si un indulto se le ha reprochado a Felipe González desde que en El hormiguero se posicionó frontalmente en contra de conceder la medida de gracia a los presos políticos catalanes, es el del general Alfonso Armada. En 1988 y cuando todavía le quedaban 19 años de condena para cumplir por el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, el gobierno socialista aprobó el indulto (que había rechazado antes en cuatro ocasiones). "El gobierno ha escuchado el informe del ministro de Defensa y ha decidido atender la propuesta del Tribunal Supremo", justificó el 24 de diciembre el entonces portavoz del ejecutivo español, Rosa Conde. El informe del Supremo, a diferencia del que ha emitido ahora para los dirigentes independentistas, argumentaba motivos de "equidad", una vez comprobada "la evidente reinserción del condenado", y avalaba por unanimidad la concesión del indulto. El consejo de ministros no tiene que justificar su decisión más allá de si se ha tomado "por razones de justicia, equidad o utilidad pública”.