Tener razón está bien, pero puede ser triste. Es el caso de lo que ocurre hoy en Madrid. Organizan ese acto en el Tribunal Supremo –por cierto, en la misma sala donde se celebró el juicio del Proceso– en la que dan por abierto el año judicial. Acto solemne en el que el fiscal general del Estado se presentará mientras está procesado por la filtración de unos correos sobre la pareja de Ayuso, y acto al que no asistirá Feijóo, en su calidad de jefe de la oposición, precisamente en protesta porque va el fiscal general del Estado.

Más de 676.000 objetos esperando sentencia. Si los pusiéramos todos en fila, ocuparían más de treinta kilómetros. Son o fueron pruebas en alguna causa judicial y ahora están bajo custodia por si nunca es necesario revisar el caso, o bien hasta que el juez autorice destruir los objetos que corresponden a casos ya cerrados. Todas estas pruebas se guardan en una treintena de depósitos en Cataluña, y los objetos más antiguos están en el sótano de la Audiencia de Barcelona. Aquí hay 304 metros cuadrados en los que se alojan más de 36.000 objetos.

¿Qué hacía en 1994? Ese año Jordi Pujol mandaba en la Generalitat y Felipe González en el gobierno español, Joan Miquel Nadal era alcalde de Tarragona y Santi Coch –que murió la semana pasada a los 64 años con el récord de partidos jugados con el Nàstic– jugaba los últimos enfrentamientos con el club granate. Pues en 1994 se abrían las primeras diligencias judiciales por unos presuntos trapicheos urbanísticos en torno a la construcción del Parque Central. Estas diligencias primero se archivaron, pero se reabrieron y en 1997 empezó la instrucción del caso, que acabó en el 2016. El juicio empezaba la semana pasada en la Audiencia de Tarragona. Uno de los acusados ​​murió el pasado mes y otro no está en condiciones de afrontar el juicio debido a su avanzada edad. Las penas de prisión que pide la Fiscalía son de pocos meses, y la inhabilitación de ocho años del exconcejal de Urbanismo de Tarragona, Àngel Fernández, tampoco tendría demasiado efecto. Las multas económicas sí son muy elevadas y a Fernández le piden casi 2,5 millones de euros.

La alegría de Meghan Markle por haber ganado el juicio contra su hermana no ha durado ni diez días. El 12 de marzo una juez de Florida puso punto y final a la batalla familiar entre las hermanastras Markle: dio la razón a la mujer del príncipe Enrique y va cerrar así la demanda por difamación que Samantha Markle había interpuesto. Pero la hermana mayor de Meghan cree que no se ha hecho justicia y ha recurrido a la sentencia. Para salirse con la suya, el abogado ha explicado a Vanitatis que contactarán con Kate Middleton para que declare como testigo en contra de su cuñada en el nuevo juicio.

El caso Palau, el de la familia Pujol, la corrupción en la Casa Real, el juicio que tendrá que afrontar Laura Borràs o el del Procés. Todos ejemplos de casos mediáticos y, como tantos y tantos otros, que trascendieron en la mera instrucción judicial para generar auténticos juicios paralelos en los medios, en las redes, en el ruedo político y, en general, en la sociedad. La pena del telediario es el título del coloquio que este lunes ha organizado el Observatorio Proa en el Círculo Ecuestre de Barcelona con una conclusión compartida por todos los ponentes: no se puede acabar con ellos, pero es necesario poner límites a los juicios paralelos.

Mariano Rajoy ha dejado de ser invisible para la Fiscalía Anticorrupción. Nunca en sus escritos en los múltiples casos de corrupción del Partido Popular, dirigidos a jueces instructores o magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción había apuntado directamente al presidente del gobierno.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión y ha decidido inhabilitar al agente de los Mossos d'Esquadra que, en 2016, agredió al periodista de La Directa Jesús Rodríguez después del desalojo del Banc Expropiat en el barrio de Gràcia de Barcelona. Considera que el agente es penalmente responsable de un delito de lesiones y de haber usado un instrumento peligroso (la porra) con el agravante de hacer prevalecer el carácter público de su cargo y remarca que en el momento de los hechos ni la víctima ni las personas que estaban a su lado manifestaban una actitud violenta que pudiera justificar la agresión. Mientras dure la condena de prisión, el agente quedará inhabilitado de la posibilidad de ejercer su trabajo como policía. Ha sido absuelto, en cambio, de un delito contra los derechos individuales porque la víctima no iba identificada como periodista ni consta que el policía supiera que lo era. El agente o la Generalitat tendrá que pagar 7.265 al reportero. También tendrá que abonar los 7.286 euros de responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat. La abogada, Anaïs Franquesa, de Irídia, ha valorado "muy positivamente" la resolución porque asegura que confirma que la agresión policial "no estaba justificada" y que el agente condenado fue el único que persiguió el periodista. "No hubo ningún acceso, sino que era una actuación injustificada", ha concluido.