Rara vez la historia judicial ofrece la oportunidad de conocer lo que podría haber ocurrido caso de haberse aprobado un proyecto de sentencia que se obligó a guardar en un cajón y cuyos argumentos ahora se conocen a través de un voto particular. Es el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre cinco recursos de amparo solicitados a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a aquellos a los que la Audiencia Nacional había absuelto en los hechos del asedio al Parlament, el 14 y 15 de junio de 2011. 

Los ocho manifestantes absueltos por la Audiencia Nacional y más tarde condenados por la sala segunda del Tribunal Supremo a tres años de prisión están a la espera, diez años después de los hechos, del cierre de su caso. Y, también, de un indulto. Una solicitud que evitó la entrada en la prisión.

A la tercera fue la vencida. Pero en este caso contra su propia ponencia. El magistrado Cándido Conde-Pumpido cedió ayer la ponencia en el recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los participantes en el asedio al Parlament en 2011. El magistrado Antonio Narváez, de orientación conservadora, será el ponente de una sentencia que se espera durante el mes de julio próximo.

Una década después del asedio al Parlament el 15 de junio de 2011, el Tribunal Constitucional (TC) se inclina por mantener la condena sobre unos hechos que en los últimos años han dividido a la justicia española: la Audiencia Nacional absolvió en 2014 a los 19 acusados –solo condenó a uno, y por un delito menor de daños– por considerar la prevalencia de la libertad de expresión, mientras que el Tribunal Supremo anuló la sentencia menos de un año después y condenó a ocho de los acusados a tres años de prisión por atentado contra las instituciones del Estado, que hasta ahora no se han ejecutado por haber pedido el indulto.