La extrema derecha global tiene ya una nueva víctima del sistema. "¡Yo soy Marine!", declaraba el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras conocerse la condena por corrupción de la líder de Reagrupament Nacional y musa de la extrema derecha, Marine Le Pen. Elon Musk decía a X que "cuando la izquierda radical no puede ganar mediante el voto democrático, abusa del sistema legal para encarcelar a sus oponentes"; y Matteo Salvini relacionaba, desde Roma, la condena por corrupción de la líder ultra francesa con la prohibición al ultranacionalista Calin Georgescu de presentarse a las elecciones presidenciales que deben repetirse en Rumanía. Incluso el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, condenaba la sentencia como "una violación de las normas democráticas".

La Junta Electoral Central mantiene que el escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà tiene que ser retirado, exprime plazos y advierte a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de lo que puede venir si no cumple. En una resolución de este jueves y después de que Ciudadanos denunciara que el cupero mantenía el acta, la JEC ha dado cinco días hábiles a Borràs para que ejecute la retirada del escaño y la amenaza con "consecuencias jurídicas" si se niega a hacerlo. La mesa, pues, tiene hasta el próximo miércoles para decidir si se ratifica en su posición de proteger al diputado o bien cumple las órdenes de la JEC.

Pau Juvillà mantiene el acta de diputado, por ahora. A pesar de que el martes el diputado de la CUP fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) por un delito de desobediencia por no descolgar el lazo amarillo de su despacho del ayuntamiento cuando era concejal en 2019, el Parlament constata que todavía no hay una sentencia firme y que, por lo tanto, según el reglamento de la cámara el cupero sigue preservando su escaño. Esta es la conclusión de la comisión del Estatuto del Diputado, que ha elaborado un dictamen este jueves con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, los comuns y el PSC, una mayoría que se tendría que repetir en el pleno de la semana que viene cuando se ratificará el dictamen de esta comisión. "No concurre ninguna de las causas de pérdida del acta de diputado de acuerdo con el artículo 24 del reglamento del Parlament", ha leído David Saldoni (JxCat), que preside la comisión, para dejar constancia del acuerdo de los grupos políticos.

Justo hace un año un secretario judicial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya entraba en el Palau de la Generalitat para entregar al president, Quim Torra, el certificado de su inhabilitación para un año y medio. El Tribunal Supremo había confirmado la pena por desobediencia y por primera vez desde la restauración de la democracia un president de la Generalitat quedaba inhabilitado en ejercicio de sus funciones. Un año después, ¿qué hace el 131 president de la Generalitat? A pesar de haber defendido el choque con el Estado durante su mandato, Quim Torra abandonó el cargo en el momento en el que se hizo efectiva la inhabilitación sin intentos de desobediencia –su entorno asegura que desde los partidos independentistas no lo apoyaron para hacerlo– y desde entonces se ha dedicado a construirse un personaje propio ajeno a las formaciones políticas.

El ex conseller Santi Vila ha dicho hoy que no se "podrá recuperar la concordia hasta que no quede ningún dirigente en la prisión, porque el castigo fue muy duro". En una entrevista con Antoni Bassas en el ARA el día después de que haya acabado de cumplir, igual que Carles Mundó y Meritxell Borràs, la pena de veinte meses de inhabilitación para cargo público que les impuso el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia por el 1-O, Vila ha reconocido que era "consciente" de que cuando firmó el decreto del referéndum se acabaría su carrera política. Como Jordi Sànchez, que defendió el referéndum en un artículo en el ARA como una forma de presión al Estado, ha asegurado que "el 1-O no fue un error", pero ha matizado que "no podía tener efectos jurídicos" por la inacción de los organismos internacionales.