La regularización extraordinaria de migrantes que los últimos días ha dejado colas interminables para conseguir los papeles llegará a miles de personas, pero hay rincones desde donde será casi imposible acceder a ellas. Por ello, esta semana el ministerio del Interior ha pedido a las prisiones que den facilidades a los presos preventivos que quieran hacer los trámites porque estos internos no están condenados y, por tanto, no tienen antecedentes penales que les veten la regularización. Además de los presos, sin embargo, hay otra parte de la población migrante para quien será más difícil pedir los papeles, los que están cerrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En estos centros –hay 7 en España– hay personas pendientes de ser expulsadas del Estado por diferentes motivos y aunque la mayoría de los cuales no son penales, los expertos coinciden en señalar que tendrán dificultades para solicitar la regularización.

Oculto en la Zona Franca, entre fábricas y almacenes, lejos de la Barcelona turística, se encuentra el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. En las instalaciones viven encerrados cientos de personas durante un máximo de 60 días. “Pasan semanas privadas de libertad en condiciones muy duras solo por el hecho de no tener papeles”, explica Cel Far, educadora social que ha visitado a los internos con la entidad Migra Studium. La realidad es que la mayoría de quienes van a parar al CIE no han cometido ningún delito: el año pasado, solo el 7% de los internos habían sido condenados.

Un testigo habría corroborado que Y.B., un ciudadano retenido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia, recibió una paliza el 21 de julio de cuatro policías después de reclamar ayuda “porque sentía un fuerte dolor de muelas”. Así lo han explicado representantes de la Campanya CIE No, entidad que asesora a la víctima, y consta en la denuncia interpuesta por A.W., un ciudadano que comparte celda con la presunta víctima, que también ha pedido el amparo de la justicia.

"Pasé diez días aislado en una habitación del CIE que no sé localizar dentro del centro. No tenía ningún mueble, ni silla, ni cama donde pudiera sentarme, dormir o estirarme. Tampoco tenía ni mesas ni estanterías. Tampoco había luz. Solo había una ventana. Pasé las 24 horas de aquellos diez días encerrado en aquella habitación sin tener contacto con ningún otro interno, durmiendo y comiendo en el suelo. [...] A veces, tuve que hacer mis necesidades a través de la ventana porque los agentes se negaban a dejarme salir para ir al wáter. Perdí la noción del tiempo". Es el relato de un extranjero sin papeles que fue aislado por covid en el CIE de la Zona Franca de Barcelona durante el 2020. Según la entidad de derechos humanos Irídia, este centro aisló a 72 personas durante el año pasado –a pesar de que estuvo vacío durante unos meses debido a la pandemia–, seis veces más que el resto de instalaciones de este tipo en el Estado, donde se contabilizaron 12 aislamientos. En algunos casos, como el de este testigo, el aislamiento derivó en una situación degradante o con agresiones, dos de las cuales se están investigando actualmente en los juzgados.

Entre los meses de octubre y diciembre pasados, 72 extranjeros sin papeles fueron aislados en habitaciones individuales en el centro de internamiento para extranjeros de la Zona Franca de Barcelona porque se habían contagiado de covid-19 o habían tenido contacto estrecho con un positivo. La entidad de defensa de los derechos humanos Irídia hizo llegar el caso de uno de ellos a los juzgados: se trata de un hombre al que encerraron durante diez días en una pequeña habitación sin lavabo y al que siete policías llegaron a inmovilizar durante más de tres horas en el suelo, atándolo de pies y manos y colocándole un casco en la cabeza para que no se autolesionara. El juzgado que llevaba el caso exculpó a los agentes de toda responsabilidad, pero la entidad lo ha recurrido porque considera que se incumplieron los protocolos y que el hombre fue sometido a un trato vejatorio y degradante.