La reforma laboral del año 2012, promovida por el PP en circunstancias de emergencia económica, podía tener una razón de ser para desbloquear la capacidad de crecimiento de la economía española, pero no tenía sentido que se mantuviera una vez recuperado el potencial de crecimiento. Los problemas de la economía española son de mala regulación laboral. En esto no hay diferencia catalana: la economía catalana late exactamente igual que la del conjunto del Estado porque las regulaciones laborales son muy fuertes y son idénticas para todas las partes del Estado –son competencia exclusiva suya–. Todos los estudios hechos desde fuera no paran de subrayar la mala calidad de la regulación laboral española, que se concreta en tasas de paro estructuralmente muy elevadas, tasas de temporalidad anormalmente altas y una dualidad laboral (diferentes condiciones y regulaciones) muy marcada en función de la edad. Son muchos más los defectos del funcionamiento de las relaciones laborales en el Estado, derivados siempre de la multiplicación de contratos de baja calidad, que querían corregir rigideces heredadas del Estatuto de los Trabajadores, pero no los detallo todos. Han acabado creando un monstruo.

"Estamos alimentando una bomba de relojería". El alerta es del economista Ernest Poveda ante "el abuso" de los contratos temporales que monopolizan desde hace años el mercado laboral español y que se centran sobre todo en los puestos de trabajo menos calificados. Los datos le dan la razón. Según el Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE), durante los primeros siete meses de este 2021 la duración media de los contratos es de menos de dos meses, concretamente es de 54,1 días. La cifra es más alarmante –asegura el economista– si se tiene en cuenta que la crisis económica del covid no ha tenido ningún impacto, puesto que si se compara con las de los últimos años incluso es un poco superior. En 2007, cuando se venía de una época de bonanza económica, la duración media de un contrato era de 78,6 días; en 2013, en plena crisis financiera, bajó hasta 53,3 días, y en 2019, antes de que estallara la pandemia, llegó a mínimos históricos al bajar por primera vez del umbral de los 50: 49,1 días. "Se ha cronificado y abusado de la temporalidad y esto provoca una inestabilidad en muchos trabajadores, que encadenan un contrato tras otro, lo que afecta directamente a la economía y sobre todo al consumo, porque una persona que está en esta situación no se plantea comprar una vivienda o un vehículo", ejemplifica.

Con la negociación para la reforma laboral entre el gobierno español y los agentes sociales a pleno rendimiento, las propuestas del ministerio de Trabajo se van concretando. Todavía no se ha cerrado un acuerdo en el marco del diálogo social pero el departamento dirigido por la ministra Yolanda Díaz ya ha puesto sus propuestas encima de la mesa. Díaz no solo quiere limitar los contratos temporales a seis meses –ampliables a un año por convenio colectivo– y eliminar el contrato de obra y servicio, sino que también plantea que el despido de trabajadores con contrato temporal se considere nulo en vez de improcedente si el contrato no estaba justificado adecuadamente, con independencia del motivo que alegue la empresa para darlo por acabado.