Uno de los peores insultos que se puede recibir en este país es el de “processista”. Hasta tal punto quedamos empachados del episodio político que culminó en octubre de 2017. Para los españoles, el Procés fue un ejercicio sedicioso e irresponsable. Para los independentistas, fue una muestra de improvisación y cobardía. Unos y otros están unidos en el tozudo propósito de desacreditar a los protagonistas de aquella aventura. Esta coincidencia en la crítica descarnada contrasta con el precio, tan diferente, que han pagado los dos bandos En el bando independentista, ha habido una purga considerable, a causa de la represión y el desgaste personal. Los relevos en política son lógicos; no lo es tanto el linchamiento público posterior por parte del sector más irascible de las mismas bases soberanistas. Por todo ello, me parece evidente que el castigo (el real y el reputacional) que han sufrido los reprimidos ha sido mucho más severo que el de los represores. Se puede aducir que el independentismo de base se mostró extremadamente solidario al menos hasta el Tsunami Democrático (que también fracasó) y los incidentes de Urquinaona; después, la disputa entre el paripé simbólico del exilio y el giro pactista de ERC sembraron el desencanto. Finalmente se impuso la idea de que los líderes del Procés, poniendo el foco en la lucha antirepresiva (que dio como fruto los indultos y la amnistía), estaban ayudando a enterrar –de nuevo– el pleito soberanista. Los dos grandes protagonistas del Proceso –Carles Puigdemont y Oriol Junqueras– continúan en primera línea. El primero lleva nueve años en el exilio; el segundo, pasó cuatro en la cárcel y continúa inhabilitado. Ambos están a la espera de que la amnistía, arrancada con fórceps al gobierno del PSOE, pueda superar los obstáculos que plantea la vengativa judicatura española. Por grandes que fueran los errores que cometieron en 2017, los han pagado con creces. Ambos quieren un last dance, una oportunidad para redimirse.

La batalla de la educación tendrá consecuencias nefastas para los alumnos, las familias, los maestros que sostienen la huelga y, sobre todo, para los protagonistas del proceso negociador: por un lado, los sindicatos, desautorizados por la base, y, por otro, el departamento de Educación, que ha visto que sus vaivenes y sus concesiones de última hora no han servido de nada. En resumen, es una batalla en la que pierde todo el mundo. Habrá –eso sí– mejoras laborales para unos servidores públicos que bien que se lo merecen (pero no son los únicos), pero la gran cuestión pendiente, que es la crisis del modelo educativo, continuará a la espera de tiempos mejores, tiempos en que la generosidad y la visión de país se impongan al tacticismo y los intereses de parte.A nivel político, el conflicto ha confirmado la quiebra del relato del gobierno Illa. Nos vendieron buena gestión y rebaja de la tensión, pero quedan lejos los tiempos en que el PSC presumía de haber anestesiado el país. Al contrario, se ha demostrado que los problemas que motivaron, en parte, el auge del soberanismo continúan muy vigentes, aunque de momento no hay un movimiento social capaz de convertir la ira ciudadana en una fuerza de choque. El país está tan enfadado como siempre, pero se le ha privado de un horizonte de cambio y de mejora. Y el enfado empieza a dar oxígeno a los que siempre están a punto para señalar a los más vulnerables, como víctimas pero también como cómplices involuntarios de un modelo productivo que está triturando el contrato social y los factores de cohesión colectiva. Para rematar, el PSC ya no confía en el comodín del PSOE (que es también el comodín anti-PP), porque el futuro de Sánchez se ensombrece por momentos.Este panorama puede animar a los rivales electorales del PSC, pero justamente la crisis educativa debería hacerles ver que el tacticismo, ante los verdaderos retos de país, no es una opción. ERC y CiU ya han sufrido huelgas de maestros, y ambos partidos son cómplices del fracaso del modelo escolar catalán. Corresponde al Govern iniciar el baile de un nuevo pacto nacional por la educación, y corresponde a la oposición –y a los maestros– tener la generosidad de implicarse a fondo sin pensar en sus intereses particulares, sean electorales, ideológicos o corporativos.No sabemos qué pasaría hoy en unas elecciones, pero sí sabemos que la ciudadanía está descontenta. Si la ultraderecha sube, será difícil de evitar una colaboración más estrecha entre las fuerzas centrales del país –PSC, Junts, ERC, Comuns–, con independencia del número de escaños que obtengan. Como ahora mismo todo el mundo está peleado con todo el mundo, es la sociedad civil quien está haciendo propuestas (el Informe Fénix es el ejemplo más claro). Pero, a la larga, las instituciones han de ejercer el liderazgo que les corresponde. Esto no quiere decir solo consenso parlamentario; quiere decir también un proceso constituyente para que se acabe la anormalidad de la vida política catalana, que tiene el teórico líder de la oposición en el exilio, independentistas inhabilitados o pendientes de juicio por culpa de una amnistía que es papel mojado, y todo esto regido por un Estatuto de Autonomía recortado y no refrendado por la ciudadanía.Si el PSC quiere liderar el país y acometer las grandes reformas que cada vez son más urgentes, ahora ya sabe que no lo puede hacer solo. También sabe que sus aliados potenciales son partidos soberanistas o confederalistas –en todo caso, partidos que impugnan el marco constitucional vigente–. Esto se hará aún más evidente cuando el PP y Vox lleguen a la Moncloa. Hacen falta más soberanía y más recursos para afrontar el presente y salvar el futuro. ¿Quién osará oponerse a este lema? Afortunadamente para Salvador Illa, ERC y Junts están demasiado ocupados metiéndose el dedo en el ojo y resolviendo sus contradicciones internas. Algún día, sin embargo, verán el mango de la sartén que tienen delante.

Poco después del ciclo electoral 2023-24, que otorgó el poder autonómico y municipal al PSC, escribí en este diario que los socialistas ocuparían el centro del tablero político catalán durante un montón de tiempo, y que sus rivales deberían concentrarse en sustituir la dispersión por el reagrupamiento, al menos desde un punto de vista táctico. Incluso me preguntaba si el soberanismo catalán ya había llegado a su El Álamo, es decir, en el punto en que sólo vale cerrar filas y atrincherarse para hacer frente a un enemigo más fuerte. En ese momento, me parecía que esta solución a la desesperada era prematura, porque significaba renunciar a décadas de catalanismo integrador y con voluntad de hegemonía.

Por mucho que les cueste admitir a quienes leen la política y la historia con manuales antiguos, el último frente popular en Cataluña no fue hace noventa años, en 1936, sino que hace once, en el 2015. Y no se llamó Frente de Izquierdas, como en el 36, sino Junts pel Sí. Esta coalición electoral formada por ERC, CDC y personalidades independientes arrasó en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 con un programa rupturista y claramente progresista, convirtiéndose en primera fuerza en todas y cada una de las comarcas del país –también en la capital, Barcelona–, y más que doblando el resultado del inmediato perseguidor.

El mal funcionamiento de Cercanías es una realidad desde hace décadas. La Red de Plataformas de Usuarios de Tren de Catalunya y la ANC han llamado a los catalanes a salir a la calle este sábado para protestar por el estado de la red y el desamparo de los usuarios en dos manifestaciones distintas. El malestar con Cercanías viene de lejos, y la prueba es que, en el 2007, Catalunya vivió su primera manifestación masiva contra el caos ferroviario a raíz de las obras del AVE en Barcelona. Fueron 200.000 personas, según la Guardia Urbana, y 700.000, según los organizadores, cifras que serían la precuela de las grandes movilizaciones del Proceso. El clamor en las calles de Barcelona el 1 de diciembre del 2007 fue claro: "Somos una nación y decimos lo suficiente". Basta a los déficits en las infraestructuras y el servicio ferroviario, pero también al apremio sobre el autogobierno que ya se vislumbraba en el Estatut recortado.

El presidente de Catalunya, Artur Mas, se ha abrazado esta noche al término de la jornada del 9-N con el diputado de la CUP David Fernández, ambos claramente emocionados. Artur Mas se ha encontrado con Fernández en una visita al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), donde el diputado de la CUP hacía de voluntario.

Por si acaso algún despistado aún tenía dudas, las elecciones de mayo certificaron, de forma incontestable, el cierre del ciclo político del Procés. Ha sido un ciclo ciertamente excepcional: más de una década de ebullición política que por primera vez ha llevado al independentismo explícito desde los márgenes a la centralidad política en Catalunya. El independentismo ha tenido momentos brillantes, en estos años, y otros que no lo han sido tanto –por decirlo de alguna manera–. De los años del Procés cada uno tendrá su balance, pero esto ya tiene hoy una importancia relativa, porque el momento es otro.

La Hispanidad es un día marcado en rojo en el calendario del españolismo. Entidades y partidos aprovechan la fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América para reivindicar la "patria madre" y los lazos que unen a España y América Latina. Bajo el lema "Nada a celebrar", los movimientos políticos soberanistas en los Países Catalanes, Galicia y el País Vasco han liderado la oposición a esta celebración, que consideran caduca y representativa de una España que ni reconoce ni permite el derecho al autodeterminación de los pueblos. Pero las tres comunidades históricas no están solas. Aunque menos conocidos, existen corrientes soberanistas en otros territorios del Estado, como Canarias, Andalucía, Extremadura, Asturias, Cantabria o, incluso, Castilla que se revuelven contra esta fiesta y alzan la voz contra el centralismo de Madrid. También en Latinoamérica, los movimientos indígenas y progresistas claman por dejar de celebrar (o resignificar) un hito en el que ven una clara impronta colonial.

¿Cómo evolucionan las formaciones soberanistas en todo el Estado? En Galicia no hubo terremoto político, pero sí se disparó el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) hasta el 31,5% de los votos. En el País Vasco, EH Bildu crece mientras el PNV se estanca. En Catalunya, ERC y Junts han evidenciado un desgaste en las últimas elecciones, con una caída de casi diez puntos porcentuales respecto a los comicios de hace cuatro años (con la última referencia de las elecciones españolas, afectadas por el voto útil de PSOE y Sumar) y habrá que ver qué ocurre el 12-M.

1. Inmigración. Ya tenemos lo que faltaba: la cuestión de la inmigración en el centro del debate político catalán. Junts, en su inexorable giro hacia la derecha, reivindica el control de la expulsión de los inmigrantes multirreincidentes, estableciendo así una relación directa entre inmigración y delito que es perfectamente falsa: hay reincidentes de muchos tipos, abajo y arriba de la pirámide. Y es la justicia quien tiene la responsabilidad en la materia. La perversa insinuación que asocia inmigración y delincuencia es gasolina en la hoguera del racismo y la exclusión. No sirve para resolver el problema sino para capitalizar políticamente las bajas pasiones.

Si en algún momento de los próximos años se quiere recuperar la vía hacia el ejercicio del derecho a la autodeterminación que Cataluña emprendió con fuerza a partir de 2012, será necesario fijarse en las variables externas y las condiciones internas que hasta ahora han impedido alcanzar el objetivo final, que no es otro que una Cataluña independiente en una Europa crecientemente federal. Últimamente insisto mucho en la idea de que cuando hablamos de independencia en el marco europeo debemos explicar las cosas cómo son y cómo queremos que sean: es decir, soberanías compartidas e independencias limitadas en beneficio de un proyecto europeo común, que nos haga ser alguien en el contexto mundial y que nos garantice progreso y bienestar a largo plazo.

Los acuerdos firmados por los principales partidos independentistas con el PSOE van mucho más allá de la investidura de Pedro Sánchez y han permitido alinear a los partidos catalanistas en una sola reivindicación, la de la amnistía. Si bien no tenemos la fotografía, la futura ley de amnistía ha sido bendecida, no sin matices, de la CUP en el PSC. Sin embargo, después de los hechos de 2017, la conversión de esta coyuntura en una oportunidad política para Catalunya resulta más dudosa. Es por ello que conviene centrar todos los esfuerzos en la gestión colectiva de este pacto durante los próximos meses y años; sólo así podrá pasar de ser un acuerdo de investidura, fruto de la coyuntura electoral, a un acuerdo histórico. Están llamados todos los que han participado e, incluso, los que lo miran desde la barrera.

Tras Diadas masivas en que parecía que había una hoja de ruta soberanista consensuada y una estrategia política seria para ejecutarla, tras Diadas de respuesta a la indignidad de la violencia del 1 de Octubre y a la desidia y la cobardía de los gobiernos que convirtió la gran cuestión política española en un tema judicial, tras Diadas en que tantos catalanes denunciaban la prisión y el exilio de sus líderes, hoy tenemos un nuevo escenario. Una nueva etapa en la que el covid y sus consecuencias económicas y vitales no se pueden pasar por alto.

La perspectiva de indultos para los presos políticos catalanes ha reabierto el debate sobre la estrategia a seguir para avanzar hacia la República Catalana. Nuevamente temas como el diálogo o la unilateralidad parecen agrietar el bloque soberanista, hasta poner en peligro el proyecto.