La pandemia ha agravado el colapso de la justicia, especialmente en la zona de Barcelona, y la situación se puede hacer insostenible cuando lleguen algunos de los procedimientos derivados de la emergencia sanitaria. En 2019 muchos ciudadanos esperaban un año para poder ir a juicio para sus reclamaciones. Actualmente el atraso en el señalamiento de un juicio puede llegar a los dos años. Las áreas más castigadas son la social y la contenciosa, dos de las jurisdicciones que tienen que afrontar, además, muchos de los procedimientos generados por la crisis del coronavirus: los despidos, los expedientes temporales de regulación de empleo y los recursos por la imposición de sanciones por incumplir las restricciones. A pesar de que todavía no hay datos sobre cuántos procedimientos de este tipo han empezado a llegar a los juzgados barceloneses, la decana en funciones en Barcelona, Mercè Caso, ha calificado la situación de "alarmante". Según sus cálculos, solo la tramitación de las reclamaciones de ciudadanos multados por incumplir las restricciones podría alargarse cuatro años.