La investigación judicial por el 1-O en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona lleva casi siete años en marcha, y va por largo. Empezó incluso antes del referendo y hay una treintena de altos cargos y trabajadores de la Generalitat investigados por gastos asociados al Proceso, en una macrocausa que se ha convertido en un cajón de sastre de imputaciones de malversación y desobediencia. El retraso en el procedimiento, que ha actuado como espada de Damocles para muchos de los investigados, puede convertirse ahora en una oportunidad para librarse de la cárcel.

La concesión de los indultos solo afecta a los 9 condenados a penas de prisión en el juicio del Procés que se hizo en el Tribunal Supremo en la primera mitad del año 2019. Por lo tanto, deja fuera todo el resto de causas abiertas contra miles de personas, unas 3.000 según los cálculos de Òmnium Cultural, y que se mantienen vivas en diferentes juzgados e instituciones de la administración del Estado, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas. Desactivarlas será uno de los retos de la nueva etapa de diálogo entre el gobierno español y el catalán. Este es un resumen de las principales causas pendientes: