Viendo las últimas maniobras descarnadas del PP para descarrilar la futura ley de amnistía, exhibiendo un filibusterismo de la peor especie en el Senado, no es de extrañar que de vez en cuando alguien equipare a España con algunas democracias iliberales del estilo húngaro. El conflicto de atribuciones que pronto planteará el pleno del Senado contra el Congreso de los Diputados es tan surrealista que sólo cabe recordar que fue el propio Senado, controlado por los conservadores españoles, el que se fumó la decisión legítima de la Cámara Baja de Tramitar la proposición de ley por la vía de urgencia en veinte días, lo que constitucionalmente corresponde en exclusiva al gobierno del Estado o al propio Congreso de los Diputados, por la vía de reformar el reglamento del Senado para asegurarse de alargar una tramitación agónica de dos meses, que es lo máximo que permite la Constitución. Dicho con otras palabras: si no fuera porque no había tiempo que perder, quien debería haber planteado el conflicto era el Congreso de los Diputados y no al revés. En fin.

Desde el momento en que acabó el Procés, después de aquel octubre del 17 vivido con un helicóptero en la cabeza y el corazón en un puño, y durante los años de lazos amarillos, del juicio en el Supremo, de la sentencia y del Tsunami, la opinión pública catalana ha tenido que soportar todo tipo de lecciones sobre la ingenuidad de pensar que era posible derrotar a España sin unos planes de contingencia que fueran más allá del censo universal del referéndum.

Este lunes, cuando aparecieron publicadas las nuevas informaciones sobre la operación Catalunya que demuestran la implicación directa de Mariano Rajoy en el escándalo, el actual presidente español, Pedro Sánchez, se exclamó, en una entrevista en la SER, que se trataba de unos hechos de una gravedad extrema, literalmente “sin igual en las democracias conocidas”, y reclamaba llegar “hasta el final” en el esclarecimiento de responsabilidades. El fin de una vulneración del estado de derecho como esta, en la que el gobierno utiliza los poderes del estado para destruir a un adversario político, es de doble naturaleza: político y legal. Hay unas responsabilidades a dirimir en el Congreso de Diputados, y después otras, todavía, ante los tribunales.

Intenté seguir el debate en el Parlamento Europeo, forzado por las derechas espanyolistas, sobre las amenazas al estado de derecho que alegan. No sé si Europa los mira –porque la historia todo le da la vuelta, el marketing todo lo zampa y los tiempos líquidos todo lo giran–. En cualquier caso, en las últimas semanas hemos visto de todo y todo lo contrario. El PP recurriendo a la internacionalización del conflicto ante la UE, Feijóo reclamando poner las urnas, la extrema derecha bramando «las calles serán siempre nuestras», Vox convocando una huelga general y el nacionalismo inquisitorial de estado preocupado por la calidad democrática, el estado de derecho y la independencia judicial. Vivir para ver. Sería para reír si no fuera que llora. Síntesis: la típica dictadura a la que vas a un plató televisivo en prime time a denunciar que vives bajo una tiranía y ve que al día siguiente no te pasa nada. Y sigues siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pobre Berlanga.

El derecho, como modo de organización social, se basa en dos premisas: certitud e igualdad. Frente a las sociedades que se basan en la arbitrariedad de los poderosos o la fuerza bruta, el derecho ofrece esas dos ventajas esenciales. Permite regirnos a través de normas que son las mismas para todos y que podemos conocer de antemano. Esa objetividad es la que nos da tranquilidad y permite que nos reconozcamos como ciudadanos y ciudadanas.

La Comisión Europea ha enviado este miércoles la carta que hace oficial el castigo contra las vulneraciones al estado de derecho en Hungría. Después de numerosas amenazas y pasos previos se ha activado oficialmente y por primera vez el mecanismo que permite congelar fondos europeos a los socios comunitarios que incumplen principios fundamentales del estado de derecho, como por ejemplo la independencia judicial, y ponen en riesgo la correcta gestión de los fondos europeos. Según fuentes europeas, se han detectado problemas reiterados en los procesos de contratación pública, falta de control y lucha contra la corrupción y falta de sistemas de transparencia y rendición de cuentas.

Primer paso de la justicia europea para permitir que la UE congele fondos europeos en Hungría y Polonia por sus reiterados incumplimientos al estado de derecho. El abogado general de la UE ha recomendado este jueves al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que desestime los recursos que los gobiernos de Hungría y Polonia presentaron en contra del mecanismo aprobado el año pasado que condiciona la entrega de financiación comunitaria al cumplimiento del estado de derecho, concretamente a la existencia de garantías de que el presupuesto común de la UE no está en riesgo por la ausencia de principios básicos como la separación de poderes o la independencia judicial.

Los indultos de los presos del 1-O ya están aquí, pero subsiste el problema de los miles de personas encausadas judicialmente o con procedimientos de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Hay aun así algunas vías de solución, y una de ellas es la amnistía. Ciertamente, se trata de una vía anatemizada —se dice que por inconstitucional—, pero también los indultos eran inviables e ilegítimos hace pocos meses. No nos engañemos. Se trata de una cuestión esencialmente de voluntad política. La razón de estado siempre encuentra fórmulas que encajen dentro del estado de derecho.