Cuando salió la sentencia contra Dani Alves tuvimos que alegrarnos porque, según nos decían, aunque la pena fuera mínima, era ejemplar. Porque, según nos decían, habiendo demostrado que no había habido consentimiento se enviaba un mensaje global contra la impunidad del violador, fuera quien fuera y viniera de dónde viniera. Pero la alegría, que también era muy mínima, nos ha durado poco. Que ahora Dani Alves pueda pagar un millón de euros de fianza para salir de prisión, pese al riesgo de fuga que conlleva y sin haber cumplido la mitad de la pena, es otra decisión judicial que indigna a buena parte de la sociedad. Con razón. Por más acostumbradas que estemos a gestionar las migajas, no podemos evitar volver a sentir rabia e impotencia cada vez que nos adormecen otra fría. Y aunque es bueno que nos sintamos así, porque no debemos acostumbrarnos de ninguna manera, ¿qué podemos hacer cuando la frustración con el sistema aparece sistemáticamente? ¿Qué hacemos con el mensaje que nos están dando?

Que el futbolista Dani Alves pueda eludir la cárcel por el método expeditivo de abonar un millón de euros es, como señala la abogada de la víctima (la joven violada por el futbolista en la discoteca Sutton de Barcelona), alarmante, y causa indignación. Es así porque confirma un hecho que todo el mundo más o menos podía suponer pero que la decisión de una mayoría de magistrados de la Audiencia de Barcelona (menos uno, que ha emitido un voto particular) ahora no sólo demuestra, sino que se puede decir que restrega por la cara de la ciudadanía. A saber: que la justicia no sólo no es igual para todos, sino que es desigual en favor de los ricos. Que puede delinquirse a cambio de pagar la correspondiente tarifa. Ahora sabemos, por ejemplo, que una violación con violencia (es el delito por el que fue condenado Alves, hace apenas mes y medio) sale por un millón de euros.

Ya son hasta tres las causas que el independentismo ha tenido que afrontar en el Tribunal de Cuentas, con las correspondientes fianzas millonarias: primero la consulta del 9 de noviembre y ahora la presunta responsabilidad contable por el 1 de Octubre y la actividad exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. El pago por las dos consultas sobre la independencia se ha hecho mayoritariamente a través de la Caixa de Solidaritat -que ha recogido donaciones particulares del independentismo-, pero ahora no hay suficientes recursos para afrontar la liquidación provisional de más de cinco millones de euros que ayer impuso el Tribunal de Cuentas a una cuarentena de ex altos cargos por haber promovido el Procés en el extranjero. Ante esto, ya hace semanas que el Govern estudia la posibilidad de dar apoyo jurídico a todos los encausados, y una de las vías que se está mirando, según varias fuentes consultadas por el ARA, es la de avalarlos desde la Generalitat para evitar el embargo.

El Tribunal de Cuentas ha impuesto a una cuarentena de ex altos cargos de la Generalitat el pago de una fianza de más de 5,4 millones de euros por los gastos del Govern en la acción exterior. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que pagar cada uno? Cómo se calcula? ¿Qué implica que la fianza sea solidaria? La documentación que el tribunal ha facilitado a los abogados desgrana los diferentes conceptos que se consideran sospechosos y el dinero que se pide como fianza a la espera de que un juicio determine si los gastos se hicieron correctamente o no. En función de los cargos implicados en cada capítulo y su responsabilidad, el tribunal fija la cantidad que como máximo tendría que depositar provisionalmente cada uno. Se trata de una cifra máxima porque el total de 5,4 millones de euros lo tienen que pagar poniéndose de acuerdo todos los encausados: es decir, tienen que pactar entre ellos las cifras que asume cada uno hasta superar los cinco millones respetando el límite de dinero que establece el tribunal que puede aportar cada cargo. Técnicamente, esta forma de pago se denomina fianza solidaria.