El Gobierno pone manos a la obra al despliegue del estatuto de municipios rurales, un marco legal impulsado durante la última legislatura y aprobado este verano con el que se quiere frenar el despoblamiento de buena parte del país. Este sábado, el presidente Salvador Illa y cuatro consejeros se han desplazado a Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages, para encontrarse con más de 300 alcaldes y representantes de consejos comarcales y entidades municipalistas. En el marco de este encuentro, el Ejecutivo ha anunciado algunas medidas, entre las que destaca una línea de ayudas para rehabilitar edificios en desuso en los municipios con menos habitantes del país. Con esta medida, el Govern prevé recuperar 400 viviendas desde ahora hasta el 2029.

"El mundo local necesita apoyo". El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, pronunció estas palabras en el Parlament durante el debate para aprobar un fondo extraordinario que, sumado al fondo de cooperación local, eleva hasta 170 millones la cifra que la Generalitat ha inyectado a los entes locales este año. Este dinero debe permitirlo pagar facturas en un momento en que los precios de los suministros suben y los intereses a pagar a los bancos siguen subiendo. La necesidad de recurrir a este tipo de mecanismos para garantizar los servicios esenciales en los municipios pone de manifiesto uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo local: la falta de un marco de financiación estable, previsible y suficiente para hacerse cargo de los servicios que ofrece.

Escribo desde un paisaje montañoso, pasado el collado de Toses, entre árboles de colores cálidos, preludio del invierno. Salir de la AP-7 y del Eix Transversal me ha hecho pisar la cruda realidad de la mitad de municipios catalanes que pierden población. Se ve desde las carreteras: los restaurantes cerrados, las tiendas con rótulos, la poca vida en la calle.

Luz verde en el estatuto de municipios rurales, la norma que debería servir para frenar el despoblamiento en Cataluña. Se trata de una ley que afectará a 608 municipios –del total de 947 que hay en Catalunya– de menos de 2.000 habitantes y que quiere darles herramientas para revertir el desequilibrio territorial que vive actualmente el país: el 75% de la población vive en zonas urbanas, mientras que el 25% restante lo hacen en núcleos rurales. Esta ley es la primera que el gobierno de Salvador Illa envió al Parlamento para que fuera validada, aunque fue impulsada por el anterior ejecutivo, de Pere Aragonès. La norma ha quedado aprobada este miércoles con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox.

Barcelona, ​​aunque es la ciudad más habitada de Catalunya, no es la mayor población del país. De hecho, ni siquiera lo es de su demarcación. Tremp, con una superficie de 302,8 kilómetros cuadrados y 6.015 habitantes, es el municipio con mayor superficie de Cataluña. ¿Pero cuál es la población de la demarcación de Barcelona con mayor extensión? Se trata de Sant Mateu de Bages, que sólo tiene 637 habitantes, pero cuenta con una superficie de 102,9 km². El término municipal de la capital tiene 101,3 km2.

Un 25 de enero de 1284 en Gerona le era reconocida la facultad de autogobernarse. Desde entonces y durante más de siete siglos, Gerona ha tenido un ente institucional permanente gestionando el día a día de sus habitantes. De los cerca de 1.000 hogares contados en los primeros recuentos del siglo XV a los cerca de 110.000 gerundenses y gerundenses de la actualidad. En medio han pasado dinastías, modelos de estado, ideologías y formas de gobierno diversas, pero el Ayuntamiento, en uno u otro formato, ha existido y ha liderado el futuro de sus vecinos y vecinas. Como Girona, cientos de villas y pueblos de nuestro país. Cientos de villas y pueblos que ven como en los últimos años se les ha estrangulado la capacidad de financiación y de inversión desde el Estado, lo que ha afectado claramente a la calidad de los servicios públicos y directamente el día a día de la ciudad y de esos que viven. Unos ayuntamientos que año a año deben ofrecer más servicios con unos costes más elevados pero con una capacidad económica similar.

“Este año, justo después de las elecciones municipales, no te esperes mucho. Seguro que la fiesta mayor la sostienen las entidades y el resto pasa sin pena ni gloria”. Una idea que, con matices, puede seguramente sentirse estos días de verano, cuando las fiestas mayores proliferan en toda la geografía catalana. Quienes tienen más memoria quizá la contrasten con lo que recuerdan del pasado reciente. “Este año hay elecciones; seguro que nos espera una buena fiesta mayor”, exclamaría entonces la sabiduría popular.

En Catalunya hay 947 municipios. Casi una cuarta parte estaban en riesgo de despoblación antes del covid, según un estudio de los geógrafos de la Universitat de Lleida, Ignasi Aldomà y Josep Ramon Mòdol. La llegada de la pandemia ha podido variar mínimamente la situación en algunas zonas geográficas, pero el peligro de pérdida de habitantes sigue siendo alto sobretodo en el Pirineo y Prepirineo leridano y después en toda una línea que cruza en diagonal el centro de Catalunya, que va desde el Solsonès, pasando por una parte de la Noguera, Urgell, les Garrigues, el sur del Segrià, la Conca de Barberà, el Priorat y la Terra Alta. “Es una línea interior que concentra municipios pequeños con malas comunicaciones”, resume Aldomà. Se trata en la mayor parte de núcleos rurales de menos de 500 habitantes con una población muy envejecida, una actividad económica poco diversificada -prevalece el sector agrario- y un nivel muy bajo de servicios.