El gobierno español avanza en su objetivo que las promotoras públicas y privadas construyan vivienda para dedicarla al alquiler asequible y social. Este lunes el ministerio de Vivienda, junto con el de Economía y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha firmado el convenio de los préstamos a los que tendrán acceso las promotoras para poner a disposición del mercado estos inmuebles, y que el gobierno español ha cifrado en 43.000 pisos nuevos, entre construidos (obra nueva) y rehabilitados.

Casi un año después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara las ayudas para que los jóvenes pudieran acceder a una hipoteca, la medida da uno de los pasos definitivo para ver la luz. Este martes, el consejo de ministros ha aprobado las condiciones concretas de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para acceder a una hipoteca. Ahora, ICO y ministerio de Vivienda tendrán que firmar un convenio y después las entidades financieras interesadas podrán adherirse a él para poder empezar a comercializar las hipotecas que se puedan acoger a este programa.

Semana política con el síndrome de coche escombra que tiene finales de julio. La actualidad se acelera para cerrar temas, ya sea en Barcelona, Madrid o Salamanca, como si la previsión de unos días de vacaciones tuviera que cambiar mucho la perspectiva del retorno cuando se estrene libreta.

Primer aval constitucional al decreto del Govern para facilitar, a través del Institut Català de Finances (ICF), los avales para las fianzas millonarias (en total, 5,4 millones) que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 ex altos cargos de la Generalitat por la acción Exterior entre los años 2011 y 2017. El aval en cuestión ha venido del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que ha validado por unanimidad la vía gubernamental a pesar de pedir dos modificaciones que el Parlament, por mayoría, ha incorporado a través de una proposición de ley: que la implicación de la ICF sea "excepcional" y "limitada en el tiempo" y que quede claro que los afectados tienen que devolver el dinero a la Generalitat en caso de sentencia firme.

“Se está haciendo política a golpe de sentencia”. Con esta contundencia explica una fuente financiera por qué ningún banco está firmando un aval que pararía el proceso de embargo a 34 responsables políticos catalanes. El argumentario se repite entre los diferentes bancos: “Hay dudas sobre la validez jurídica de la operación”, dicen, en referencia al hecho de que la misma Generalitat, que aparece en el caso como perjudicada, sea quien presenta las garantías de cara al hecho de que los bancos puedan dar los avales. 

Finalmente, el Govern ha encontrado la fórmula jurídica para cubrir las fianzas (totalmente exorbitantes) impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 cargos y ex cargos de la Generalitat a los cuales se responsabiliza de la acción exterior de la Generalitat entre 2012 y 2017. El conseller de Economía, Jaume Giró, explicó ayer que el consejo ejecutivo había aprobado la creación de un fondo de riesgos dotado con diez millones de euros al cual se puedan acoger todos los servidores públicos, con el objetivo de cubrir los perjuicios económicos que se puedan derivar del ejercicio de sus competencias. De entrada este fondo dependerá del Institut Català de Finances, pero a la larga se creará una entidad externa que vendrá a ser como una aseguradora pública que cubrirá todo aquello que queda fuera de los seguros privados que tiene contratados la Generalitat.