La batalla a la derecha españolista en estas elecciones está siendo dura, con unas encuestas ajustadas: el PP intenta hacer el sorpasso en Vox, la extrema derecha se emplea en mantener el liderazgo dentro de la triple derecha unionista y Ciutadans busca evitar su extinción. Los tres tienen el objetivo de seducir a un perfil de votante similar –de derechas y unionista–, pero lo hacen con estrategias distintas. Mientras el PP se ha conjurado a no hablar de sus competidores del espacio y cargar sólo contra el independentismo y el PSC –su otro competidor en el unionismo pero a la izquierda–, el partido de extrema derecha Vox sí se dedica a criticar abiertamente al líder popular (estatal), Alberto Núñez Feijóo. En cuanto a Ciudadanos, obvia a los de Santiago Abascal y carga contra el PP, el PSC y el independentismo, sobre todo focalizándose en Carles Puigdemont.

La última propuesta "constitucionalista" del PP consiste en una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía, que será el papo contra el que los patriotas españolistas proyectarán, en los próximos meses, odios y entusiasmos. La enmienda se presenta como una medida disuasoria contra lo que el PP llama “deslealtad constitucional”, e incluye dos propuestas llamativas: la ilegalización tanto de los referendos de autodeterminación como de las declaraciones de independencia, y la disolución de los partidos y /u organizaciones que los promuevan. Varios juristas (progresistas, de acuerdo) alertan de que vuelve a tratarse de una propuesta involucionista, y que, en concreto, la idea de disolver partidos políticos entra en un terreno altamente fangoso y dudosamente democrático. En realidad, se trata de un clásico del arsenal retórico de la derecha: endurecimiento del Código Penal contra lo que no les gusta. En ese caso, por partida doble: por un lado, se trataría de recuperar (ampliado, y rebautizado como deslealtad constitucional) el delito de sedición. Y por otro, lo que se propone vuelve a ir en la línea de la Ley de Partidos de la época Aznar: leyes hechas a medida para dejar fuera de la ley al adversario al que se quiere impedir que pueda participar en el debate público. En ese momento se trataba de la izquierda abertzale, ahora del independentismo catalán.

Después de la manifestación contra la amnistía en Barcelona, las reacciones no se han hecho esperar. El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha criticado desde Masquefa el "fracaso" de la marcha, que ha reunido a 50.000 personas según la Guardia Urbana –65.000 menos que la protesta independentista del 11-S, según el mismo cuerpo–, y ha lamentado que la derecha españolista haya venido a la capital catalana a promover "venganza, odio y represión". En opinión del presidente, la presencia de los líderes del PP y Vox es "inversamente proporcional a su éxito y apoyo" entre la ciudadanía de Catalunya, donde solo tienen 8 de los 48 diputados que los catalanes envían al Congreso de Diputados. Aragonès también ha señalado que la quiebra de la protesta "empuja más que nunca a batallar por la amnistía y la autodeterminación".

El unionismo ha vuelto a volcarse en la calle este domingo contra la amnistía y la autodeterminación, dos claves de la negociación de los independentistas con Pedro Sánchez. Lo hace de la mano de Societat Civil Catalana (SCC), una entidad que ha ido perdiendo protagonismo desde 2017, cuando se manifestaron contra el "golpe" independentista. Ahora reaparece en Barcelona después de un periplo en el que se ha visto afectada por la desmovilización y la pérdida de aliados políticos, como el PSC –que se ha distanciado de ellos y en esta protesta no participará–. ¿Cómo ha evolucionado la organización?

Parece que hay la tentación –y algunos ya han caído en ella– de emplear el término constitucionalista para calificar a las organizaciones políticas que en Catalunya defienden posiciones unionistas en relación a España. Es una designación que ya fue usada con éxito en los peores años del conflicto político vasco por la prensa nacionalista española, la “Brunete mediática”, denominada así por su actitud beligerante en contra del nacionalismo vasco. 

El presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, anunció el pasado mes de mayo durante la asamblea de socios de la entidad su intención de dejar la organización unionista dentro de poco menos de un año, aproximadamente en junio de 2022. Tal como ha sabido el ARA, la decisión es personal y Sánchez Costa no tiene ahora mismo ningún otro proyecto político en el horizonte. Hace tres años que lidera la entidad unionista, que en el último año ha pasado por serias dificultades económicas que la han llevado al ERTE y a dejar su sede en la calle Còrsega. Justamente este viernes el líder de la entidad ha anunciado que esta misma tarde firman el contrato de una nueva sede en Diagonal con la calle del Bruc (Barcelona).