El poder judicial no da tregua al legislativo. El mismo día que la mesa del Congreso daba luz verde a la tramitación de la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE, los jueces mostraban su determinación en mantener las investigaciones contra los dirigentes independentistas que se implicaron en el 1-O y en las protestas postsentencia. En un solo día, dos noticias: la Audiencia Nacional envía al Tribunal Supremo la causa del Tsunami Democrático y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fija juicio para abril contra Lluís Salvadó, Josep Maria Jové y la consellera Natàlia Garriga.

En los días posteriores al 27-O, y cuando ya sabía que su destino iba a ser la prisión, Oriol Junqueras hizo virar la nave de ERC del unilateralismo hacia el pragmatismo. Fue un giro muy rápido e incluso brusco, que solo podía ejecutarse sin tensiones internas desde la posición de liderazgo y legitimidad que daba ser un preso político y estar dispuesto (en ese momento no se sabía cuántos) a pasar un buen puñado de años entre rejas. La historia desde entonces es lo suficientemente conocida y ERC siempre defendió que era falso que hubiera dos estrategias distintas en el independentismo una vez constatados los límites de la vía unilateral en otoño del 2017. Solo había una que se basaba en dos premisas: votos y diálogo, es decir, acumulación de fuerzas para obligar al Estado a negociar. Y así llegaron, por ejemplo, los indultos. Seis años después, Carles Puigdemont ha protagonizado un golpe de timón muy similar a ese, y lo ha hecho, como Junqueras, desde una posición de liderazgo absoluto.

La inminente derrota de la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional sobre un recurso de amparo de Vox contra la mesa del Congreso el pasado miércoles y jueves, días 15 y 16 de septiembre, llevó al ponente, el magistrado Antonio Narváez, que proponía desestimarlo, a reconsiderar su proyecto y sumarse a sus otros cuatro colegas para intentar formar mayoría a favor de la estimación en el pleno de octubre.