El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, será el representante de esta organización en la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado el orden que reparte las vocalías de este organismo del diálogo social a nivel estatal. Las que corresponden a las organizaciones patronales son seis en total y una de ellas es por Pimec.

Ante lo habitual en el debate político, en el que se destaca sobre todo la confrontación respecto a la voluntad de llegar a posiciones comunes, en el caso del diálogo social es exactamente lo contrario. La importancia está en alcanzar el consenso dado que es lo que da la fuerza al diálogo social. En el ámbito político hemos visto que en ocasiones, en determinados temas -que se han llamado pactos de estado, como por ejemplo el Pacto de Toledo-, existe una cierta renuncia de la clase política a utilizar el debate diario de confrontación buscar un debate de aproximación y alcanzar el consenso. En ocasiones, en dichos pactos de Estado, cuando se dan ciertas crisis y una elevada conflictividad política, incluso también hay enfrentamiento.

La reducción de la jornada laboral ha llevado al diálogo social a un escenario de tensión que no se veía desde hacía tiempo. En particular, la relación entre el ministerio de Trabajo, bajo la batuta de Yolanda Díaz, y la patronal española CEOE, presidida por Antonio Garamendi. La negociación para aprobar esta reforma del mercado laboral empezó hace casi medio año, de dos formas: bipartida, entre sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y empresarios (CEOE y Cepyme); y también a través de una mesa tripartita, es decir, entre agentes sociales y ministerio de Trabajo. Pero ninguna de las dos vías ha dado frutos y nada hace pensar que, por ahora, los den. Aunque este lunes existe un nuevo intento.

Tras más de un año sin una foto de un acuerdo tripartito en el marco del diálogo social, es decir, entre gobierno español, sindicatos mayoritarios y patronal, este lunes ha reaparecido. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado un acuerdo con los agentes social por el reglamento que desarrolla el artículo 15 de la ley trans y que persigue la adopción de medidas para lograr un entorno laboral más igualitario y seguro para las personas LGTBI . "Es un acuerdo tripartito", confirmó Díaz en una entrevista al mediodía en La Sexta. Minutos después lo confirmaron los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, así como la patronal española CEOE.

"Es el primer gran acuerdo [con los agentes sociales], pero no será el último”. Las palabras son de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el día en el que anunció el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros mensuales. El vaticinio llegaba en enero de 2020, pocos días después de la investidura del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y, con acierto, anticipaba lo que vendría después. Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), los empresarios y el Gobierno español empezarían a encadenar una serie de consensos en materia económica y, en particular, laboral: la ley rider o del teletrabajo, los ERTE, parte de la reforma de las pensiones o la reforma laboral son solo unos ejemplos.

El voto erróneo del diputado del PP Alberto Casero, que permitió salvar la reforma laboral en el Congreso, dejó un sabor de boca agridulce entre las filas de la cartera de Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, que hasta última hora buscó a los socios de investidura para sacarla adelante y esquivar, así, la vía Cs. Ahora, sin embargo, otra medida en materia laboral puede hacer reavivar los ánimos dentro del ministerio: incrementar hasta los 1.000 euros al mes y de manera retroactiva (aplicable desde el 1 de enero) el salario mínimo interprofesional (SMI) este 2022.