Hace meses que los ayuntamientos catalanes avisan de que, si nada cambia, tendrán dificultades para pagar los recibos del agua, el alumbrado y las obras, pero también los servicios que prestan a pesar de no tener obligación legal, como los hogares de niños, las oficinas de empleo o las residencias de ancianos. El parche más inmediato ha sido la subida de impuestos municipales como el IBI. Pero, en algunos casos, ni siquiera esto ha permitido evitar los temidos recortes, las reducciones de plantilla y la tutela financiera de la Generalitat. Según los últimos datos de la Generalitat, a los que ha tenido acceso el ARA, hay una treintena de municipios –27– con remanentes de tesorería negativos (en otras palabras, en números rojos). Por otro lado, a partir del 75%, los municipios quedan por ley bajo tutela financiera de la Generalitat, situación en la que se encuentran quince municipios catalanes, según las últimas cifras disponibles. En concreto, hay 8 que están por encima del 76% y 7 que superan el 100% de endeudamiento respecto a sus ingresos ordinarios.