En los días posteriores al paso catastrófico de la DANA por el País Valenciano, los pueblos se llenaron de cientos de voluntarios, amigos y familiares de los afectados para ayudarles a sacar barro de las casas y las calles. Se formaron cadenas humanas de escobas que, a su vez, tiraban el barro hacia adelante. El objetivo siempre era el mismo: crear un recorrido que lo llevara hasta el husillo. Allí iba a parar agua, barro, pero también objetos, vidrios y basura. Con los días, cada vez se repetía más una imagen: un palo clavado bajo un palmo de barro que indicaba que había un agujero del alcantarillado, ya totalmente lleno y que no podía absorber más barro y agua. Ahora, tres semanas después, despejar el alcantarillado es una "prioridad", en palabras del alcalde de Sedaví, José Cabanes.

Ahora parece mentira, pero hubo un tiempo en el que Jorge Fernández Díaz y la familia Pujol tenían buena relación. La noche electoral del 20 de noviembre del 2011, cuando el escrutinio ya ofrecía la certeza de una mayoría absoluta del PP, Oriol Pujol fue de los primeros en llamar al teléfono del dirigente popular para felicitarlo con una efusividad y una confianza que sorprendió a los presentes. Aquella acabaría siendo una de las últimas conversaciones cordiales entre ellos. Al cabo de pocas semanas, Fernández Díaz sería nombrado ministro del Interior, y aquella sintonía que venía de lejos –en 1984 el entonces líder de Alianza Popular en el Parlament votó a favor de la investidura de Jordi Pujol en plena crisis de Banca Catalana– quedaría atrás hasta el punto que, tal como han confirmado los audios publicados por El País esta semana, el popular se tenía que convertir en el hombre que azuzaría las cloacas del Estado contra el expresidente de la Generalitat. La X de la operación Catalunya.

El Defensor del Pueblo, una de las vías que el gobierno español ofreció para aclarar el escándalo Pegasus, ha cerrado este miércoles su investigación sin resolver ninguno de los interrogantes que quedan. Ángel Gabilondo, nombrado por el PSOE, se limita a consignar que las interlocutorias judiciales que justifican el espionaje a 18 independentistas catalanes están argumentadas de manera satisfactoria y que, por lo tanto, no hay ninguna irregularidad. Como mucho, se atreve a sugerir que la ley que regula el aval judicial a las escuchas, que data del 2002, ha quedado desfasada y quizás se tendría que actualizar, puesto que los mecanismos actuales de espionaje no tienen nada que ver con los que había hace 20 años.