Edu Garzón, uno de los CDR encausados de la Operación Judas, analiza cómo afronta los 27 años de cárcel que le piden junto a otros siete activistas en la primera entrevista que concede a un medio después de que en noviembre la Audiencia Nacional hiciera público el escrito de acusación por terrorismo.

La Audiencia Nacional ha decidido enviar a juicio por terrorismo a los doce encausados ​​en la Operación Judas, que fueron detenidos el 23 de septiembre de 2019 por preparar presuntamente acciones violentas coincidiendo con el aniversario del 1-O y la inminente publicación de la sentencia del Proceso. De esta forma, se cierra el sumario coincidiendo con las negociaciones por la amnistía entre los partidos independentistas y el PSOE. ERC garantiza que el pacto suscrito con los socialistas incluiría a los encausados ​​por todas las movilizaciones del Proceso y, por tanto, también a los CDR que ya estuvieron en prisión preventiva tres meses para este caso.

Las defensas de los investigados en la operación Judas han anunciado hoy que presentarán escritos de nulidad para impugnar la resolución de procesamiento de los trece encausados. Los abogados de Alerta Solidària han explicado que han detectado incidencias, la última de las cuales la existencia de una causa secreta de donde surgen los indicios para inculpar a los investigados y a la que la defensa no ha tenido acceso. Es un procedimiento instruido en la Audiencia española muy probablemente desde el 2017, teniendo en cuenta el número de las diligencias, y de estas diligencias derivaría la causa actual. Lo ha anunciado el abogado del colectivo, Jordi Busquets, que representa a una parte de los encausados, cinco de los cuales hoy han declarado por vía telemática desde el juzgado de Mollet del Vallès y un sexto desde el de Cerdanyola. Se los acusa de pertenencia a organización terrorista y a nueve de ellos, además, por tenencia y fabricación de sustancias o aparatos de carácter terrorista.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama procesar a los nueve miembros de los CDR detenidos el 23-S del 2019 en el marco de la operación Judas por pertenencia a organización terrorista, tenencia y fabricación de explosivos, según ha avanzado El Confidencial y ha confirmado el ARA. El ministerio público considera acreditado que los encausados habrían formado una "organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la misma organización tenía instalados en dos domicilios particulares" como respuesta a la sentencia sobre los líderes del 1-O.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar posibles torturas de la Guardia Civil a uno de los doce miembros de los CDR acusados ​​en el marco de la operación Judas. Según ha revelado Alerta Solidaria, el tribunal ha dado luz verde a la querella presentada por Jordi Ros contra once de los agentes del cuerpo armado español por haberle vejado y maltratado físicamente en los registros realizados en su domicilio de Sabadell. Alerta Solidaria ha denunciado que las presiones y las amenazas también las sufrieron su hermano y otros familiares durante un cacheo que duró más de diez horas.