Sin hacer mucho ruido, el Ayuntamiento de Barcelona envió un comunicado a finales de julio en que avisaba que “las asociaciones cannábicas tendrán que adaptarse a una nueva situación legal”. El consistorio hacía pública la advertencia después de que fuera firme una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumbaba la normativa urbanística municipal para ordenar los clubes cannábicos. El TSJC argumentó que el Ayuntamiento no es competente para regularlos, “ni siquiera desde la vertiente urbanística”, porque considera que son espacios “susceptibles de comisión de delitos”. Alega que es competencia exclusiva del Estado.