Las 22 sedes embargadas de CDC por el caso Palau y que tenían que servir para afrontar la multa de 6,6 millones de euros por la financiación irregular quedarán, finalmente, en manos de la jueza del concurso de acreedores: lo ha resuelto el Tribunal Supremo en una resolución a la que ha tenido acceso el ARA. ¿Qué quiere decir esto? Que estos inmuebles se integrarán dentro de la masa total de activos de Convergència y que, por lo tanto, irán destinados a pagar todos los actores con quienes el partido tiene una deuda y no el decomiso de la sentencia del caso Palau, como se preveía en un primer momento.