Núria Sánchez (nombre ficticio) empezó a trabajar en un bar cafetería del Eixample de Barcelona cuatro meses antes de que estallara la pandemia. Hacía 40 horas semanales pero su contrato solo era (y sigue siendo) de media jornada; por lo tanto, de los 1.000 euros que cobraba, la mitad eran, como se llama popularmente, “en negro” o en B. “Necesitaba trabajar después de estar siete meses en el paro, en casa se tenían que pagar facturas y cogí el trabajo a pesar de saber que la empresa no cumplía la ley”, explica.