La semana pasada llegaban a juicio tres hombres acusados ​​de violar y prostituir a tres chicas tuteladas en un centro residencial de acción educativa (CRAE) de Barcelona. Este caso había pasado desapercibido hasta entonces, aunque la historia de jóvenes que escapan y caen en la trampa de la prostitución a cambio de dinero o drogas "no es la norma", pero "tampoco sorprende" a los trabajadores del sistema catalán de protección a la infancia consultados por el ARA, que lamentan no tener herramientas para detectar los casos si ellas no se lo explican. Varias fuentes admiten que no existe ningún protocolo específico para identificar a las potenciales víctimas a pesar de que en los últimos años han proliferado formaciones a los profesionales de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) para tratar casos de violencia sexual y tráfico de personas. Y especialistas como la psicóloga y profesora de victimología de la Universidad de Barcelona Noemí Pereda también alertan de que esta infradetección imposibilita conocer el alcance de la explotación sexual de menores en Cataluña. "No se está abordando y el problema existe. Pero mientras la respuesta sea ese silencio, ese secretismo, será muy difícil solucionarlo. Hay que afrontar de cara", afirma.

Mallorca no es el único lugar donde se han destapado casos de explotación sexual infantil los últimos años. També se han encontrado en el País Valenciano o en la Comunidad de Madrid. Pero el hecho de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya aceptado –a petición de Vox– desplazarse a la isla para analizar los hechos ocurridos aquí hace que las Baleares vuelvan a ser la cara visible de este problema. En las dos jornadas de entrevistas –el lunes y el martes– de la comisión parlamentaria en el hotel el Innside Palma Bosque se han visto dos posiciones: la de los partidos de la oposición, que reducen la explotación infantil a un delito endémico en las Islas, y la de algunos expertos y profesionales, que amplían el foco.

La Policía Nacional arrestó este martes a 14 personas de entre 21 y 65 años acusadas de corrupción de menores. Según la investigación policial, la mayoría de las personas arrestadas contactaban con las menores para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Por ahora, se han localizado 13 víctimas, pero el caso continúa abierto.