Permítanme que empiece con una anécdota personal. Un cargo político cercano, del mundo de la izquierda y sin ningún vínculo institucional, me explica que uno de sus caballos de batalla es convencer a ciertas personas, a menudo compañeros de formación, de que los trabajos derivados de los asuntos colectivos deben remunerarse. En el mundo del activismo y la implicación política la línea entre el voluntarismo y el retorno pecuniario es difícil de trazar, en un dilema que ahora y antes genera tensiones dentro de las organizaciones. Bien es cierto que el retorno esperado de la implicación en acciones colectivas no necesariamente es económico. La implicación política suele avanzar gracias a la voluntad de conseguir un ideal superior, de tener un retorno más o menos tangible (como un cargo o un reconocimiento) en un futuro cercano o lejano o de la propia expresión de satisfacción personal al verse rodeado de personas con similares objetivos. Sin embargo, también es habitual ver cómo la ausencia de una compensación económica supone un freno a la acción colectiva y una fuente de frustraciones importantes.