Los tiempos políticos se han acortado. La inestabilidad es la norma. No hay grandes unanimidades, manda la fragmentación, la desorientación, el cortoplacismo. Todo se quema deprisa. Salvador Illa es presidente de Cataluña con una mayoría por los pelos, gobierna en minoría. ¿Cuánto va a durar? Paradójicamente, el ambiente general de desafección ciudadana puede serle favorable. Nadie espera mucho de la política. Tiene margen para demostrar que sin grandes ilusiones en el horizonte se pueden encontrar soluciones. Lo dijo en el debate de política general: él no es de revoluciones. Quiere ser útil, quiere ser un buen gestor.

Hoy termina el debate de política general en el Parlament con la votación de las resoluciones, en el conocido juego de "a ver quién pacta qué con quién". En el caso que nos ocupa, servirá para comprobar si el gobierno de Illa tiene más o menos apoyos de Esquerra y Comuns, si Junts se queda solo o si el independentismo es capaz de pactar nada. Pero el debate quedó listo para sentencia ayer. ¿Y qué se ha podido ver?

La ortodoxia comunicativa marca que el presidente de un gobierno tiene que soltar un par o tres de titulares en sus intervenciones más destacadas. Así lo hace, por ejemplo, Pedro Sánchez. Pero no es el caso de Salvador Illa, quien ha fundamentado su perfil político en la ausencia de titulares. Si acaso, los recicla, como hace con los famosos 50.000 pisos que ya anunció en el debate de investidura. La bancada socialista intenta animar la jornada con algunos aplausos puntuales, pero con timidez y sin querer romper una puesta en escena que era gris.

Albert Batet no mencionó el sintagma maldito, “salir del Govern”, y en cambio imploró a Aragonès que les diera una respuesta que les permitiera cerrar el debate interno que ellos mismos han abierto. Pero el president ignoró a Batet, con un punto de fruición malévola incluso, y ahora Junts tiene un problema. ERC tenía en su mano la posibilidad de lanzar un salvavidas a Batet y Turull, que no tienen ninguna gana de romper el Govern, pero los republicanos han decidido inhibirse y convertirse en espectadores del choque entre los pragmáticos y el sector liderado por Borràs (con la bendición de Puigdemont). Es una apuesta arriesgada, es cierto, pero ahora mismo los nervios son mucho más evidentes en las filas de Junts que en las de Esquerra. Y esto siempre es una buena pista.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha presentado al debate del estado de la nación en el Congreso con una potente batería de medidas para hacer frente a la inflación y, sobre todo, para pasar a la ofensiva y rearmar ideológicamente su ejecutivo ante la derecha. "Vamos a ir a por todas", ha repetido en varias ocasiones. Las dos medidas más importantes son la gratuidad de los abonos de Cercanías y media distancia de Renfe entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre y el anuncio de un impuesto a la banca, pero hay otros como el de una beca suplementaria para estudiantes o un plan para reforzar las competencias digitales en la enseñanza. Con estos anuncios, Sánchez escenifica el giro a la izquierda que ya inició con el impuesto a las eléctricas que anunció hace unas semanas y que le reclamaban tanto sus socios de coalición, Unidas Podemos, como socios de investidura como ERC y EH Bildu.

La víspera del cuarto aniversario del 1-O, el Parlament aprobó una propuesta de resolución en defensa de la mesa de diálogo con el Estado como mejor forma de resolver el conflicto político entre Catalunya y España. La resolución se aprobó con los votos de ERC, el PSC y los comuns y con la abstención de Junts. Esta coincidencia en el tiempo puede resultar decepcionante para algunos, pero en todo caso es coherente con todo lo que ha pasado en los últimos cuatro años. A pesar de que con matices, la mayoría del independentismo ha pasado de considerar el 1-O como un referéndum vinculante que justificaba una DUI, a, en palabras de Jordi Cuixart durante el juicio del Procés, definirlo como "un acto de desobediencia masivo". Este acto de desobediencia masivo que implicó más de dos millones de personas ha sido, seguramente, el acto político más disruptivo de las últimas décadas en el estado español y quizás en Europa. Cuatro años más tarde, sin embargo, queda claro que, pese al impacto mediático, político y emocional brutal que tuvo, el 1-O no cumplía con los estándares necesarios para conseguir el reconocimiento internacional y, por lo tanto, no se puede usar para justificar mandato democrático alguno que sea externamente reconocido.