Después de cuatro décadas dictando sentencia contra toda clase de asesinos y delincuentes, la jueza italiana Plinia Azzena se enfrenta ahora a uno de los casos más delicados de su larga carrera. La magistrada, al frente del Tribunal de Apelación de Sassari, tomará declaración el próximo 4 de octubre a Carles Puigdemont, detenido por la policía italiana la semana pasada en Cerdeña, y puesto en libertad sin medidas cautelares un día más tarde. El futuro del expresident de la Generalitat está en manos de esta mujer menuda y con rictus severo, que deberá decidir si cursar o no la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), emitida por su colega español, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. De momento, ya ha decidido que no moverá ficha hasta saber que dice el Tribunal de Luxemburgo.