A pocos minutos de las doce del mediodía, una veintena de personas se reúne en los jardines de Can Mantega, en el barrio de Sants. El grupo hace bromas (en catalán) para romper el hielo. El hecho de que un grupo tan numeroso utilice la lengua catalana en las calles de Barcelona se está convirtiendo, desgraciadamente, en una situación casi en peligro de extinción. Sin embargo, lo cierto es que hay gente con ganas de aprenderlo, de hablarlo o de perfeccionarlo, tal y como lo demuestran los grupos de conversación en catalán que organiza la Coordinadora de Asociaciones por la Lengua Catalana (CAL) desde hace años y en varios puntos del territorio.

Venta ambulante ilegal, drogas en la vía pública y un aumento disparado de suciedad. Es lo que denuncian que vienen viviendo desde hace meses muchos de los vecinos y comerciantes del barrio de Sant Antoni de Barcelona. "Hemos llegado al límite: o lo denunciamos ahora o irá a peor. Queremos que haya una reacción en el ámbito político", afirman desde Sant Antoni Encants, una de las asociaciones del barrio que el lunes emitieron una carta dirigida a las concejalías del Eixample y Ciutat Vella para expresar el descontento por la "degradación que sufre". En él detallan que el incremento de conductas incívicas afecta a la convivencia vecinal y, de rebote, repercute directamente en los comercios locales.

Las 3.000 entidades del tercer sector (desde las que se encargan de temas de infancia o pobreza, pasando por ocio o salud mental) superaron el pasado año la barrera de los dos millones de personas atendidas. Sin embargo, el crecimiento de la actividad no va acompañado de una financiación estable, y esta carencia condena a las asociaciones a endeudarse. Sin ir más lejos, el 41% de estas entidades están pendientes de que las administraciones públicas les paguen las partidas comprometidas, según las conclusiones del barómetro que ha presentado la Mesa del Tercer Sector de Cataluña con datos del ejercicio cerrado de 2023. deuda pública de ese año se incrementó un 5% respecto al 2021, siendo la Generalitat la administración más morosa, seguida de los ayuntamientos. "Esto provoca tensiones en la tesorería", sostiene Marta Campo, de la junta de la Mesa, entidad que hace de paraguas de entidades y federaciones. Para continuar con la actividad, las mayores entidades tienen musculatura para contratar pólizas de crédito con las que consiguen una línea de financiación para gestionar el día a día. Por el contrario, las más pequeñas deben buscar soluciones más drásticas, como el retraso de las actividades programadas, una solución que afecta directamente a los usuarios y la calidad del servicio.

La Fundación Junta Constructora de la Sagrada Familia ha concedido ayudas de 3,5 millones de euros a la cofinanciación de 94 proyectos de distintas entidades sociales sin ánimo de lucro. Se trata de la segunda convocatoria del Fondo de Acción Social (FAS), una iniciativa que destina una parte de los recursos económicos recaudados por el templo a ayudar a colectivos vulnerables. La dotación ha crecido con respecto a la primera edición (2023), pero el interés también, porque entonces se recaudaron 2,3 millones de euros y se financiaron 56 proyectos.

Una retahíla de entidades minoritarias o sin peso real abundan dentro del españolismo en Cataluña. Es habitual que en algunas manifestaciones unionistas haya más de un centenar o incluso más de dos centenares de entidades adheridas, pero muchas son asociaciones fantasma que engordan el movimiento sin tener ningún tipo de incidencia. Algunas como Regeneración Democrática, España Generosa, Barcelona Vía Fuera o Alternativa Ciudadana Progresista existen formalmente, pero en realidad están muertas. Otros no pueden hacer nada por sí mismas y necesitan otras, con perfiles idénticos, para tener actividad.