El fragor de la actualidad rabiosa hace que apenas se sienta el rumor de otros hechos que también deberían importarnos. Cómo leer en la información de Jordi Mumbrú en este diario, las obras para sellar y acabar de desmantelar el almacén de gas submarino Castor se encuentran en su fase tercera, y final. Será el epitafio, sellado en hormigón, de una historia demencial, en la que la empresa Escal UGS, filial de ACS, propiedad de Florentino Pérez, cometió un atentado ecológico a gran escala y salió recompensada con 1.350 millones de euros del erario público, según sentencia del Tribunal Supremo. El atentado en cuestión fue promovido por el último gobierno de Zapatero y continuado después por el primer ejecutivo de Rajoy.

Revés judicial para Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y también del Real Madrid. La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso presentado por Escal UGS, la empresa que desarrolló el proyecto Castor y sobre la que ACS tiene una participación del 67% (el 33% restante está en manos de la canadiense Dundee Energy), y obliga a reintegrar al sistema gasístico un total de 209,7 millones de euros, según ha informado Eldiario.es.

El caso Castor no tiene culpables. La Audiencia de Castelló ha absuelto a Recaredo del Potro, el expresidente de Escal UGS, y a José Luis Martínez Dalmau, el exconsejero delegado de la compañía, del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, del cual también está acusada la misma empresa, por los 519 seísmos provocados por la plataforma de gas en septiembre de 2013. Los tres magistrados de la sección primera que encabeza el togado Esteban Solaz han dictado la sentencia que considera que "no existe constancia probatoria" sobre en qué medida "las inyecciones afectaron al medio ambiente produciendo los seísmos de más magnitud" y que tampoco "hay constancia de que causaran daños personales ni materiales a los ciudadanos de las poblaciones próximas al almacén de gas Castor".

Los gestores de la plataforma Castor sabían que en la zona había una falla activa. Así lo han asegurado en sede judicial Rubén Juanes y Bradford H. Hagen, dos de los responsables del informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard encargado por el gobierno español y que sirvió para anunciar el cierre de la plataforma Castor en 2017. Según su declaración, desde 2005, tres años antes de obtener la concesión y ocho antes del inicio de la inyección de gas en periodo de pruebas, la empresa impulsora del almacén submarino, ESCAL UGS, disponía de los resultados de un análisis sísmico que ya constataba la presencia de fallas activas en la zona.

Grietas en las viviendas que se reparan pero que vuelven a aparecer, muebles caídos y espejos y platos de ducha rotos. Son algunos de los desperfectos que han relatado una decena de vecinos del Baix Maestrat y del Montsià durante la tercera sesión del juicio por el caso Castor, que se celebra en la Audiencia Provincial de Castellón desde el lunes. Se trataría de daños causados por los 519 movimientos sísmicos –el más elevado fue uno de magnitud 4,2 en la escala de Richter– que se registraron en la zona entre el 5 septiembre y el 4 de octubre de 2013. El origen de estos terremotos habría sido un movimiento de la falla de Amposta, ocasionado por la inyección de gas llevada a cabo en el almacén submarino de Escal UGS, según reveló un estudio del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea) y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM).

Instalar un sismógrafo submarino para vigilar la evolución del almacén de gas y, así, complementar a los dos que ya había en la costa. Fue la recomendación del Observatorio del Ebro, entidad contratada para vigilar el impacto de las operaciones del almacén Castor, pero la compañía Escal UGS no la incorporó. Lo ha explicado este martes el ex director del organismo Joan Miquel Torta, durante la segunda sesión del juicio que pretende aclarar si la empresa y sus dos máximos ex altos cargos, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, tuvieron alguna responsabilidad en los terremotos que sufrió la costa del Montsià y del Baix Maestrat en 2013. También han declarado funcionarios del ministerio de Industria y trabajadores de la plataforma logística.

No se trataba de terremotos sino de “microseísmos” y una inyección de gas es incapaz de fracturar una falla por sí sola. Estos son los dos principales argumentos que han aducido en su defensa los dos acusados del caso Castor, el ex presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, y el ex consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau, en la Audiencia de Castellón en el inicio del juicio por los 519 seísmos provocados por la plataforma de gas en 2013.