Los Mossos d'Esquadra han detenido a un cazador por la muerte de otro durante una redada en Cervera, según ha podido saber el ARA. La policía catalana le ha arrestado por un delito de homicidio imprudente, ya que la principal hipótesis es que el disparo que ha puesto fin a la vida de la víctima ha sido accidental. Los hechos ocurrieron en el bosque y la jueza forense ya se desplazó hasta la zona para practicar el levantamiento del cadáver. El incidente se investiga como un accidente de caza.

Desde que las riadas arrasaron parte del País Valenciano, las preguntas en torno a una posible responsabilidad de la administración no se han detenido. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno valenciano hubiera ordenado confinar a los vecinos de l'Horta Sud? ¿Y si hubieran recibido el mensaje de emergencias horas antes, y no cuando el agua ya había llenado los bajos y había dejado coches atrapados? El primer movimiento en los tribunales han sido las querellas que el colectivo populista Iustitia Europa ha presentado: el domingo contra el presidente español, Pedro Sánchez, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlasla; y el lunes contra el presidente valenciano, Carlos Mazón. Este martes se ha sumado la denuncia que el sindicato CGT ha llevado a la Fiscalía, y en paralelo activistas y entidades sociales se han agrupado en la plataforma Justicia para Valencia, que incluye a una cincuentena de juristas que se preparan para pedir responsabilidades penales por homicidio por imprudencia grave.

Casi cuatro años después deexplosión de la planta de Iqoxe en el polígono petroquímico de Tarragona, en la que murieron tres personas y otras trece resultaron heridas, la juez que ha investigado el caso ha enviado definitivamente a juicio a la empresa y tres de los exdirectivos a los que responsabiliza directamente de los hechos. En uno de sus últimos escritos, la magistrada insistía en que las pruebas acreditan que en la química "se había instaurado una dinámica de trabajo con presencia de presión laboral por parte de la dirección de la empresa, con graves incumplimientos de la normativa laboral y de seguridad", y que ese cúmulo de irregularidades acabó desembocando en la explosión mortal. Ahora ha fijado para los acusados ​​una fianza de 20 millones de euros para cubrir eventuales indemnizaciones si les acaban condenando, dándoles 24 horas para depositarla en los juzgados.

Sentencia de conformidad en el juicio por la muerte de una niña de 4 años en la piscina de Ripoll en mayo de 2017. Las partes implicadas han pactado una condena de un año de prisión para las cuatro monitoras y el director de la equipación, que han reconocido que la pequeña se ahogó porque "desatendieron” sus funciones. Ninguno de ellos tendrá que ir a la prisión porque no tienen antecedentes ni tampoco se los inhabilitará para trabajar como monitores o socorristas ni para dirigir instalaciones deportivas. En cuanto a la indemnización, los seguros ya han ingresado los 166.000 € a la familia de la menor.